La procuraduría destituye al exconcejal de vijes por violar a su esposa embarazada
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 16 meses al exconcejal de Vijes, Arlex Fernando García Medina, por agredir y abusar sexualmente de su pareja cuando esta estaba embarazada. El hecho ocurrió el 21 de septiembre de 2021 y fue calificado como una falta disciplinaria grave cometida con dolo.
La decisión, anunciada este lunes, no solo pone fin a la carrera política de García Medina, sino que envía un mensaje contundente a los funcionarios públicos: la violencia de género, incluso en el ámbito privado, tiene consecuencias administrativas cuando quien la comete ostenta un cargo de representación ciudadana.
Una agresión que trascendió el hogar
El caso fue tramitado bajo un enfoque de género, reconociendo la vulnerabilidad de la víctima y la gravedad de los hechos. La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali subrayó que la agresión no solo afectó la libertad, dignidad e integridad emocional de la mujer, sino que también generó un impacto social y comunitario.
“El comportamiento de García Medina no puede desvincularse de su rol como servidor público”, indicó la entidad. “Su responsabilidad como concejal implicaba ser ejemplo para la comunidad, y su acción la traicionó por completo”.
La sanción responde a la necesidad de preservar la confianza en las instituciones, visiblemente afectada tras la denuncia. El Ministerio Público enfatizó que la violencia ejercida por un funcionario electo trasciende el ámbito doméstico y se convierte en un problema de interés colectivo.
La universidad también bajo la lupa
Mientras la justicia disciplinaria cerraba el capítulo contra García Medina, la Procuraduría abría otro frente: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El pasado 16 de marzo, una denuncia por presunta violencia sexual en los baños de la Facultad Tecnológica, en Ciudad Bolívar, encendió las alarmas.
Estudiantes salieron a las calles. La Procuraduría respondió con una investigación abierta contra funcionarios por determinar, exigiendo detalles sobre los protocolos de atención, las acciones posteriores a la denuncia y las medidas de protección a las víctimas.
La Procuraduría Primera Distrital de Instrucción ya ordenó pruebas y anunció seguimiento riguroso hasta esclarecer responsabilidades. El mensaje es claro: ni en el Concejo ni en el aula se tolerará la impunidad.
El cierre del caso de Vijes y la apertura del de Bogotá dibujan un país que empieza a tomarse en serio la violencia de género cuando quien la ejerce viste el uniforme del poder. No es una reparación total, pero es un paso que, al menos, obliga a mirar de frente lo que antes se miraba de reojo.