La red de sombras que levanta los hoteles de baleares: 64 sin papeles y 640.000 euros en juego
El ladrillo dorado de Manacor oculta un sótano de contratos fantasmas. Bajo la remodelación de un hotel que promete suites con vistas al Mediterráneo, la Policía Nacional descubrió el miércoles una cadena de subcontratas que empleaba a 64 trabajadores sin permiso de residencia ni seguridad social. Tres ciudadanos pakistaníes fueron arrestados por portar documentación apócrifa; 42 empresas, citadas; y la Inspección de Trabajo ya calcula sanciones que podrían superar los 640.000 euros. La cifra, advierten los investigadores, puede crecer «de forma exponencial» cuando se cotejen las nóminas reales.
La ucrif desmonta la arquitectura de la impunidad
La operación fue diseñada por la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales con un patrón que ya han repetido en Valencia, Málaga y Barcelona: entrada fulminante al amanecer, listado de 384 empleados y cruce de bases de datos con la Seguridad Social. En apenas dos horas detectaron a los 64 sin papeles y localizaron tres tarjetas de residencia falsificadas con el mismo número de serie. «No es descuido, es modelo de negocio», resume un inspector que pidió no ser citado porque la investigación continúa abierta.
El hotel, cuyo nombre no ha trascendido por estar bajo investigación judicial, formaba parte de la fiebre de rehabilitaciones que ha disparado el precio del suelo en la isla: 2.000 euros el metro cuadrado en el corazor de Manacor, el doble que hace cinco años. La obra fue adjudicada a un grupo inmobiliario con sede en Palma que, a su vez, fragmentó los trabajos en paquetes de fontanería, albañilería y electricidad. Cada paquete cayó en manos de microempresas que facturan por hora y que, según la Policía, externalizan la mano de obra a «cooperativas» creadas meses antes del inicio de las obras.
El precio de una identidad: 150 euros
Los detenidos pagaron 150 euros por cada NIE falso, un precio que incluye la fotografía, el número de soporte y la coletilla de «trabajo por cuenta ajena». La tarjeta les servía para colarse en la obra y para que las empresas pudieran simular que cumplían la ratio de empleados extranjeros legalmente contratados que exige la ley balear de 2022. La trampa se rompió cuando un jornal denunció que cobraba en negro y que, además, debía 12.000 euros a un prestamista pakistaní que opera en el barrio de Son Gotleu. La deuda era garantía de silencio.
La Inspección ya ha requisado los libros de obra y ha pedido a la Agencia Tributaria que cruce los pagos de las 42 empresas con las nóminas que estas presentaron ante la Seguridad Social. La brecha puede ser descomunal: si se confirma que los 64 trabajadores en irregularidad cobraban 40 euros por jornada sin contrato, la multa por cada uno se dispara a 10.000 euros. Y si se demuestra que las empresas conocían la falsedad de los documentos, el delito ya no es administrativo: es de cooperación con tráfico de personas.
El Govern balear, que ha convertido la lucha contra la economía sumergida en uno de sus caballos de batalla, celebra el «golpe de efecto» pero admite que la inspección de obra pública en la isla depende de solo 12 funcionarios. «Somos una colonia de pisos turísticos con obra privada constante y no tenemos medios para revisarla toda», reconoce una consejera que prefiere no citar su nombre. Mientras tanto, el hotel seguirá alzando plantas con vistas al mar y, posiblemente, con nuevos nombres en la nómina que ya están siendo reclutados en el puerto de Palma.
La investigación no cierra la puerta a más detenciones. La Policía ha enviado los perfiles digitales de los 64 trabajadores al Centro Nacional de Inteligencia contra el Terrorismo y la Radicalización para descartar que alguno estuviera en riesgo de captación yihadista. La trama, en definitiva, no es solo de explotación laboral: es un agujero por donde puede colarse cualquier cosa. En Manacor, el ladrillo sigue creciendo, pero los cimientos ya huelen a miedo.