La trama del audio oculto: presidencia valenciana ordenó localizar la conversación del 112 que luego se filtró
La cadena de mando se rompe en el aire. Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, ha declarado ante la juez de Llíria que fue Presidencia de la Generalitat Valenciana quien exigió la grabación de la conversación entre una meteoróloga de Aemet y una técnica del 112 que, días después, apareció manipulada en los medios. La frase que desviaba el temporal hacia Cuenca se convirtió en la mecha de una crisis política que ahora se traduce en testimonios bajo juramento.
La petición que nadie firmó
Suárez ha dibujado una escena inédita: el 2 de noviembre, Ricardo García García, subsecretario de la Conselleria de Justicia e Interior, se encerró con un técnico en una oficina para localizar el «trozo» exacto de la llamada. Ninguna solicitud por escrito, ninguna firma, ningún motivo oficial. «Se la llevó sin más», ha dicho el testimonio. El archivo terminó en un pendrive que abandonó el edificio sin dejar rastro administrativo. La misma operación que, según los informes de la Guardia Civil, ejecutó Alberto Martín Moratilla, entonces director general de Emergencias, entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre.
El detalle que desarma la versión oficial: la transcripción que Martín Moratilla pidió inicialmente nunca se llegó a hacer. García la canceló de un plumazo cuando irrumpió con su urgencia personal. La lógica de despacho se volvió caos y el caos, evidencia.
Una emergencia que ya no era meteorológica
La juez investiga un delito de descubrimiento y revelación de secretos. El artículo 197.1 y 3 del Código Penal amenza con penas de hasta cuatro años a quienes difundan grabaciones protegidas por el secreto de las comunicaciones. La Ley valenciana 13/2010 blinda todo lo relativo a la gestión de un incidente: la información solo circula «a los estrictos fines de su gestión» y, después, «únicamente» bajo orden judicial. Ninguna de las dos condiciones se cumplió.
El audio filtrado llegó a las redacciones como un misil de desinformación: la técnica del 112 parecía restar gravedad al fenómeno. La realidad era más prosaica: la funcionaria de Aemet describía una hipótesis de desplazamiento que nunca se materializó, pero el corte eliminaba el matiz. La frase suelta generó un titular que aún duele.
La causa abierta por la Fiscalía Provincial de Valencia ha topado ahora con la única confesión que falta: quién ordenó desde Presidencia que se localizara esa llamación. Suárez no ha nombrado a Ximo Puig ni a su equipo directo, pero el cerco se estrecha. La petición no surgió de un funcionario anónimo; surgió de la cúspide.
El pendrive sigue sin aparecer. La grabación completa, tampoco. Lo que queda es un testimonio que desmiente la versión oficial y una investigación que avanza por los pasillos de la Generalitat como un eco que nadie logra silenciar. La próxima declaración puede ser la que encienda la mecha final. O la que apague el incendio.