Latigazos en la plaza: la vendetta rural que sacude la campaña de keiko fujimori
El subprefecto de Macarí, Freddy Condori, terminó el miércoles con la camisa desgarrada y la espalda entreverada de sangre. Las rondas campesinas de Puno lo arrastraron hasta la plaza para cumplir una sentencia que ningún juez firmó: latigazos por desobedecer la neutralidad política. Minutos antes, Condori posó junto a Keiko Fujimori en un acto de campaña. La foto se volvió su condena.
Una sola imagen que encendió el altiplano
La región punina odia a la derecha con la misma intensidad con la que recuerda las 18 víctimas de Juliaca. Allí, el apellido Fujimori es sinónimo de traición y represión. Por eso la visita de Keiko fue un raid exprés: tres selfies, dos gritos de “¡fraudel” y un salto al helicóptero. Condori, sin embargo, se quedó. Quería el cargo de confianza que le prometieron, y posó sonriente junto a la candidata. Error letal.
Las rondas no perdonan. Desde los años 80 ejercen justicia comunitaria bajo el paraguas de la Ley 27908. En Macarí, el castigo máximo es la flagelación pública. El código no está escrito, pero todos lo conocen. «El subprefecto violó el pacto: debe ser autoridad para todos, no escolta de nadie», me dijo anoche un rondero que prefirió no dar su nombre. Su voz sonaba a verdad dictada por el miedo.
Puno, tierra sin amnistía para la derecha
La geografía vota. En Puno, la derecha nunca gana. En 2021, Keiko perdió aquí por más de 70 puntos. Y aunque a nivel nacional se llevó 49,9 %, los 40 000 votos que le faltaron para vencer a Pedro Castillo se los negaron precisamente estas mesas altiplánicas. Desde entonces, la líder de Fuerza Popular denuncia sin pruebas un supuesto fraude basado en tres apellidos iguales: Catacora, Catacora y Catacora. La acusación caló hondo entre sus fieles, pero en Puno la consideran una bofetada más.
El gobierno regional mira para otro lado. El prefecto Adollo Pizarra condenó la «excesiva» acción de las rondas, prometió una sanción administrativa al subprefecto y, acto seguido, se escondió detrás de la “autonomía” de los ronderos. Traducción: no habrá investigación policial. El Estado peruano, una vez más, delega su monopolio de la violencia en comunidades que prefieren aplicar la ley del pueblo antes que la del Congreso.
El latigazo que nadie quiere contar
El video dura 38 segundos. Se ve a Condori de rodillas, camisa blanca teñida de rojo, mientras un hombre de poncho verde descarga el chicote. Los gritos del público se confunden con el repiqueteo de tambores. Al fondo, una mujer grita: «¡Así se castina la traición!». La escuela está llena de celulares filmando, pero en YouTube el clip desaparece horas después. El algoritmo, al parecer, también respeta el código del altiplano.
Keiko Fujimori no se ha pronunciado. Su equipo de prensa prefiere hablar de «infiltrados» y de «violencia aislada». Pero la herida ya es parte de su campaña: la candidata que promete mano dura no puede proteger ni a su propio subprefecto. La ironía la devora más que cualquier encuesta.
En Lima, la noticia ocupa cuatro columnas en la prensa deportiva. En Puno, nadie la comenta: es el miércoles y hay que segar cebada. Pero cuando cae la noche, en las cantinas de Macarí se escucha la misma frase: «Al que se vende, se le pela». La frase es milenaria; el método, también. El Estado peruano llega tarde o nunca, y las rondas siguen comandando su propio territorio. El latigazo de ayer fue, en realidad, una advertencia escrita con sangre: la próxima vez, el chicote puede ser para la candidata.