Lisboa estalla contra la derecha antes de que cierren la puerta a ser quien se es
Lisboa gritó antes de que le quitaran la voz. Miles de personas tomaron la Praça do Comércio este domingo para impedir que un papel médico les robe su nombre. La manifestación, convocada en el Día Internacional de la Visibilidad Trans, fue una respuesta inmediata a la maniobra parlamentaria que la derecha y la ultraderecha lograron la semana pasada: volver a exigir un informe clínico para cambiar de sexo en el Registro Civil.
La medida, aprobada en primera lectura gracias al tripartito PSD-Chega-CDS, retrotrae a 2011 la ley más protectora de Europa. Entonces bastaba con declarar ante notario; ahora pretenden que un desconocido con bata valide tu identidad. El mensaje es brutal: ser trans es, otra vez, una enfermedad que alguien debe certificar.
El chantaje que empieza con un formulario
Sara Marques, 26 años, llevó en la mochila el cambio de nombre que le concedieron hace dos años. «Cambiar de nombre es el nombre», suelta mientras suelta la frase que después repetirán los altavoces. «El Gobierno no puede decidir quién es mujer». A su lado, Taylor Ribeiro, 39, desgrana la cuenta: «Nosotras pagamos nuestras cirugías, no usamos hospitales públicos, no robamos derechos a nadie. ¿Por qué nos quitan el único que nos quedaba?».
La jugada legislativa es más que un trámite. Si prospera, Portugal pasará a engrosar la lista de países que están recortando la autodeterminación antes de que Bruselas ataje el giro. Polonia ya lo hizo. Hungría también. El retroceso se disfraza de «protección a la infancia» y se vende con el mismo discurso: los niños necesitan salvaguardas, los adultos terapias. La derecha portuguesa ha copiado el guion.
El veto que decide una vida entera
El proyecto ahora pasa a comisión y volverá al pleno en mayo. Entonces llegará al despacho de António José Seguro, nuevo presidente de la República, cogido entre la promesa de campaña de ser «un garante de todos los portugueses» y la presión de su antiguo partido, el PS, que ya anuncia veto si la ley no cambia. La clave está en el artículo 4.º de la Constitución: la identidad de género es un derecho fundamental, no una concesión administrativa.
Mientras tanto, la plaza se llenó de banderas de colores y de carteles que no piden permiso. «Que se joda la ley, que arda el Parlamento», rezaba uno. El eslogan no es una amenaza: es una advertencia. Si el veto falla, la calle volverá a rugir. Y esta vez no serán centenares. Serán miles.