Madrid quiere arrancar a 1.200 niños de las residencias con una ley de acogimiento que ya naufragó
España sigue guardando a1.200 niños de 0 a 6 añosen centros residenciales cuando la propia ley dice que lo mejor para ellos es una familia. El Ministerio de Juventud e Infancia ha abierto este lunes una consulta pública para redactar una norma que, en teoría, devolverá a esos pequeños el calor de un hogar. La ironía: en los últimos cuatro años el porcentaje de menores en acogimiento familiar ha bajado del 53 al 51 %.
El dato que nadie firma
El Boletín estadístico de protección a la infancia, publicado por el propio Ejecutivo, certifica la falla: cada vez hay más críos en instituciones y menos en casas de acogida. La caída parece modesta, pero trasladada a cunas reales significa centenares de historias que empiezan en un corredor de moqueta y no en un cuento de buenas noches.
El proyecto, encabezado porSira Rego, parte de una constatación incómoda: la ley vigente ya obliga a priorizar el entorno familiar, pero las comunidades no cumplen. La solución que ahora se plantea es crear «mecanismos y procedimientos» —léase sanciones, incentivos o ambos— para forzar la transición de los más pequeños hacia familias de acogida. La propuesta también alimenta la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados, un plan que busca agrupar bajo un mismo paraguas todas las políticas de infancia y dependencia.
El problema no es legal, es de voluntad
Madrid puede legislar hasta la saciedad, pero la frontera real pasa por los ayuntamientos y las consejerías autonómicas: son ellos quienes captan, forman y retienen a las familias candidatas. En muchas regiones el proceso tarda más de un año, los honorarios son simbólicos y la formación posterior es papel mojado. Resultado: las parejas desisten antes de estrenar la habitación infantil.
Ahí reside el quid: sin un catálogo claro de ayudas económicas, sin tiempos máximos de resolución y sin una red de apoyo psicológico, la norma corre el riesgo de convertirse en un eslogan más. La experiencia de países como Finlandia o Portugal demuestra que solo cuando el Estado garantiza seguimiento y recursos el acogimiento familiar despega.
Espaja tiene catorce días para enviar alegaciones al borrador. El reloj corre para 1.200 niños que, mientras tanto, se quedan con la mirada puesta en la puerta de un centro que prometió ser temporal y ya huele a desinfectante de larga estancia.