Multas de hasta 118 euros por no declarar un bono que ni siquiera necesitaban
Llega abril y la Agencia Tributaria ya tiene la escopeta cargada. El 8 de este mes arranca la Renta 2025 y, con ella, la cacería de quienes olvidaron consignar el bono social térmico. El premio: una sanción de entre 94 y 118 euros que aterriza por correo cuando menos lo esperas. El detalle que nadie advirtió es que más de la mitad de los beneficiarios ni siquiera cumplía los requisitos de vulnerabilidad.
La trampa del olviso institucional
La Federación Española de Familias Numerosas lleva meses recibiendo llamadas desesperadas. «¿Cómo voy a tributar por una ayuda que me dieron para que mis hijos no pasaran frío?», se pregunta una madre de cinco en Valladolid después de abrir la carta de Hacienda. El problema no es conceptual; es burocrático. El bono se ingresa de golpe, oscila entre 139 y 400 euros según la zona climática, y desaparece de la memoria de quien lo cobra. Ni la notificación de la comunidad autónoma advierte la obligación de declararlo, ni el borrador de la Renta lo incluye automáticamente. Resultado: familia multada y sensación de estafa.
Lo que nadie cuenta es que la ayuda se diseñó para paliar la pobreza energética, pero el algoritmo que la concede solo mira el número de hijos, no el nivel de ingresos. Así llegó a la vicepresidenta madrileña Enrique Ossorio —sueldo superior a 100.000 euros— y a la ministra Mónica García, que la devolvió avergonzada cuando saltó a la prensa. Según Fedea, 283.000 hogares con múltiples descendientes que recibieron el bono en diciembre de 2025 no eran vulnerables. Casi medio millón de cheques regalados al viento.
La petición que hará arder la cartera
Mientras tanto, la FEFN prepara una ofensiva directa al flamante ministro de Hacienda, Arcadi España: eliminar de cuajo la tributación del bono térmico. «No puede ser un ingreso, es una medida de emergencia social», clama su portavoz. La entidad exige que la prestación aparezca ya visible en los borradores y que cada comunidad informe con la misma claridad que impone multas. De momento, la desigualdad es brutal: Cataluña incluye un aviso explícito; Murcia, apenas un párrafo en letra pequeña al final del contrato eléctrico.
La ironía duele: la mitad de los perjudicados ni siquiera necesitaba la ayuda, pero quienes sí la requerían ahora deben pagar por olvidarse de un trámite que nadie les explicó. La Agencia Tributaria ingresará este año varios millones en sanciones por un concepto que, en teoría, nunca debió generar renta. Mientras, las familias que deben devolver el 50 % del bono se preguntan si la próxima vez les conviene congelarse antes que aceptar un subsidio convertido en puñalada trapera.