Colorado expulsa a la jefa de medicaid tras un agujero de 300 millones en pagos sospechosos
La directora ejecutiva del Departamento de Política Sanitaria y Finanzas de Colorado, Kim Bimestefer, abandona el cargo el 10 de abril tras una tormenta de críticas por pagos fraudulentos o incorrectos que superan los 300 millones de dólares. El Senado estatal preparaba una votación de censura contra ella esta misma semana. La dimisión evita el cuello de corbata político, pero deja abierta la pregunta de quién pagará la factura.
El gobernador polis intenta salvar los muebles
Jared Polis no ha dudado en elogiar a Bimestefer en su comunicado de despedida. La acredita de haber impulsado la transparencia de precios, reducir el coste de los medicamentos y «responsabilizar» a la industria. Las palabras suenan a epitafio calculado: intentan blindar la narrativa de una gestión valiente antes de que los auditores terminen de desenterrar los restos.
El problema es que los datos ya hablan solos. La Oficina del Inspector General federal llevaba meses alertando de un sistema de control interno tan poroso que cualquier clínica fantasma podía cobrar dos veces la misma factura. Las auditorías internas situaron el sobrecoste en torno a los 320 millones; fuentes del Capitolio apuntan a que la cifra real podría rozar los 450.
Medicaid, un pozo sin fondo en el que nadie quiere mirar
Colorado amplió el programa Medicaid en 2021 para cubrir a 400 000 residentes adicionales. La ambición fue noble; la ejecución, desastrosa. Con la explosión de nuevos beneficiarios, el departamento de Bimestefer externalizó la verificación de proveedores a empresas satélite que cobraban por volumen, no por precisión. El incentivo perverso estaba servido.
Lo que nadie cuenta es que, mientras se detectaban pagos duplicados a centros de desintoxicación que ni siquiera existían, los pacientes reales aguardaban meses para que les autorizaran una resonancia. La dozavictima fue la confianza: cuando un programa sanitario público regala dinero, la ciudadanía lo termina pagando en forma de primas más altas o recortes posteriores.
El vacío de poder llega en el peor momento
Bimestefer deja la silla justo cuando Washington exige a los estados un recorte del 5 % en gasto Medicaid a partir de julio. Su sucesor o sucesora heredará un calendario implacable: negociar con hospitales que ya amenazan con demandas, blindar los controles de fraude y, sobre todo, explicar a 1,5 millones de coloradenses por qué sus presticiones pueden verse recortadas pese al aluvión de impuestos que llenan las arcas estatales.
En el pasillo del Capitolio circulan tres nombres. El más repetido es el de Meghan Owen, actual subdirectora de Operaciones, que conoce la maquinaria pero también los vericuetos que permitieron el desfalco. La guillotina política puede caer de nuevo si el gobernador opta por continuidad técnica. La otra opción es importar un «auditor de guerra» del sector privado, alguien acostumbrado a despedir antes que a justificar.
La partida apenas empieza. Mientras tanto, los 300 millones ya volaron. Y, como en todo gran escándalo sanitario, quienes pagan la cuenta son los que menos voz tienen: los enfermos crónicos que ahora ven cómo su autorización de medicamento especial requiere tres informes en lugar de uno, y los contribuyentes que empezarán a notar el recorte en la próxima declaración de la renta. Colorado ha logrado expulsar a la responsable, pero el agujero sigue ahí, abierto como una herida que naden sabe cicatrizar.