Niños, víctimas silenciosas: el sistema judicial, principal culpable en la violencia machista
Casi seis de cada diez casos de violencia institucional machista contra menores revelan un fallo estructural: el propio sistema judicial. Un informe del Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM) en Barcelona expone una realidad alarmante: la desprotección sistemática de niños y adolescentes, víctimas silenciosas de un problema que se perpetúa.
Fallos estructurales y patrones de desprotección
Del análisis de 139 casos registrados en 2025, 44 identifican a menores como víctimas centrales, evidenciando patrones recurrentes de negligencia. La coordinadora del OVIM, Júlia Vega, denuncia una tendencia preocupante: la falta de consideración de los menores como sujetos de derecho, a pesar de la legislación vigente. Se observa una obstinada resistencia a valorar sus opiniones y a escuchar sus voces en las decisiones judiciales.
El informe desvela que en el 58,1% de los casos donde los menores son protagonistas, el ámbito judicial se erige como el principal responsable de la violencia institucional machista. Se define este fenómeno como la reproducción o exacerbación de la violencia por parte de las instituciones, en lugar de su protección. Marina Oliva, portavoz del OVIM, califica de preocupante esta situación, señalando que las leyes avanzadas no se aplican efectivamente, y la excepción se ha convertido en norma.
La voz de los niños ignorada
La investigación revela tres bloques de problemas clave: el desconocimiento de los menores como víctimas directas, la insuficiencia en la evaluación del riesgo y la carencia de medidas de protección y reparación. Las consecuencias son devastadoras: la imposición de custodias y regímenes de visitas que obligan a los menores a mantener vínculos con el progenitor violento, o la separación de sus madres, su principal figura de protección. Vega subraya que se trata de un problema estructural, no de casos aislados.
El sistema judicial, según el OVIM, no solo falla en proteger a los menores, sino que también en reparar el daño causado. El documento expone incumplimientos reiterados de obligaciones del Estado, como la garantía de no repetición del delito (81,4% de los casos) y la falta de reparación (87,2%), vulnerando derechos fundamentales.
Reivindicaciones urgentes
El observatorio reclama la aplicación efectiva de la normativa vigente y la creación de mecanismos de supervisión para evaluar el funcionamiento de los juzgados e instituciones. Propone medidas urgentes: la extensión automática de las órdenes de protección a los hijos, la obligatoriedad de escuchar a los menores en los procesos judiciales y la incorporación de medidas de reparación integral. La batalla por la protección de estos niños debe ser inmediata y contundente.
Oliva enfatiza que “el sistema debe garantizar no solo protección, sino también reparación del daño causado, algo que ahora no está ocurriendo.” El OVIM anima a víctimas, profesionales y sociedad civil a denunciar estas prácticas, visibilizando una violencia estructural y trabajando por su erradicación.