Panamá se queda con la oficina del dinero verde: el fondo de 20.000 millones que ahora mira desde centroamérica
La reunión B44 del Fondo Verde del Clima acabó de cerrar en Songdo y la noticia corrió por los pasillos antes que por los comunicados: Panamá será la sede regional para América Latina y el Caribe. Es decir, los 20.000 millones de dólares que el GCF mueve desde 2010 para frenar o adaptarse al cambio climático tendrán desde ahora una ventanilla permanente en Ciudad de Panamá. El país se suma así a la red de oficinas que ya operan en Túnez, Corea y Japón, y lo hace justo cuando la región reclama fondos con la urgencia de quien ve avanzar la sequía, los huracanes y la deuda.
El traslado que nadie pidió y todos quieren
La decisión no fue altruista. Panamá llevaba años seduciendo al GCF con proyectos REDD+ que ya facturan carbono desde los bosques de Darién y con un protocolo de cooperación firmado en la COP26. El fondo necesitaba un hub que conectara a los bancos multilaterales con los ministerios de medio ambiente que aún envían propuestas en PDF desactualizado. El país, a su vez, buscaba lavar su imagen de paraíso fiscal y colocar a sus ingenieros y abogados en la industria que más va a crecer este siglo: la del dinero verde. El matrimonio se celebró en privado y se anunció en plena sesión plenaria, cuando la junta ya había aprobado otros 960,3 millones para dieciocho proyectos repartidos entre Zambia, Bangladesh y el Caribe.
La oficina costará 8 millones en sus tres primeros años, dinero que sale del mismo fondo y que, según el memorando, se traducirá en «mayor fluidez de tramitación». Traducción: menos papeleo para los gobiernos que quieren acceder a los créditos blandos y más asesores disponibles para traducir los formularios en inglés. La Secretaría calcula que la sede atenderá directamente a 33 países y que desahogará el 40 % de la cartera latinoamericana, que hoy acumula 2.800 millones en compromisos pero solo 670 en desembolsos efectivos.
El negocio invisible que llega con la sede
Detrás del anuncio oficial hay una economía paralela que empieza a moverse. Las constructoras ya registran sociedades con nombre en inglés; las firmas de auditoría publican ofertas de trabajo para «especialistas en clima»; los hoteles de la capital reservan pisos enteros para oficinas temporales de ONG que aterrizarán en los próximos meses. El gobierno panameño, por boca de su ministra de Ambiente, Milciades Concepción, habla de «ecosistema de servicios verdes» y promete 500 empleos calificados en cinco años. La cifra habla por sí sola: cada puesto generado atraerá 180.000 dólares anuales en salarios, según estimaciones internas del Banco Interamericano de Desarrollo.
Pero hay un detalle que nadie mencionó en Corea: Panamá aún no tiene ley de cambio climático. El proyecto lleva tres años en la Asamblea y se ha estancado entre las objeciones de los sectores ganadero y minero. El GCF, al parecer, no ve problema: su reglamento interno le permite operar incluso cuando el marco legal del país huésped es un borrador. El fondo se asegura con contratos blindados y con una cláusula de arbitraje internacional que, en caso de disputa, se dirime en Singapur. La oficina, en otras palabras, llegará antes que la normativa que debería regularla.
El bosque que pagará la hipoteca
El primer proyecto que la nueva sede revisará será la ampliación del programa REDD+ en la cuenca del Chucunaque, una zona donde la tala ilegal convive con los ranchos de mineros artesanales. La propuesta panameña pide 80 millones para blindar 400.000 hectáreas y pagar a campesinos por conservar. La junta técnica del fondo ya advirtió que la línea de base de deforestación está desactualizada y que los mapas entregados no distinguen entre bosque secundario y plantación de palma. La respuesta del equipo local fue enviar un nuevo estudio —encargado a una universidad brasileña— que duplica la superficie de «bosque en riesgo» y, por tanto, justifica más dinero. El informe se presentó la semana pasada y la aprobación está prevista para diciembre. Si sale adelante, Panamá recibirá el desembolso más alto de la región en 2024.
La ironía es que el dinero llegará justo cuando el gobierno autoriza la ampliación de la carretera que atraviesa el mismo bosque que se quiere proteger. La obra —financiada con un préstamo chino— reducirá el transporte de carga entre las minas de cobre de Donoso y el Puerto de Colón. El ministro de Obras Públicas lo resume en una frase que suena a epitafio: «Hay que elegir entre conservar y conectar; nosotros haremos las dos cosas al mismo tiempo». El GCF, mientras tanto, ya advirtió que revisará los impactos de la vía antes de girar un solo centavo.
La oficina abrirá sus puertas en enero en un edificio de oficinas compartidas de Costa del Este. El contrato de arrendamiento es por tres años con opción a renovar. En el lobby ya hay un cartel con el logo del fondo y una frase en inglés que reza: «Climate finance starts here». Abajo, en letras pequeñas, alguien ha pegado un papelito escrito a mano: «Y termina en el bolsillo de quien la controle». La anécdota resume el espíritu de la nueva etapa: mucho dinero verde, pocos árboles todavía.