Perú elimina el veto familiar para donar órganos y desbloquea 90% de trasplantes pendientes
Perú acaba de sacudir el tabú que condenaba a nueve de cada diez enfermos en fila de espera: el Ministerio de Salud publicó un borrador que suprime el permiso de la familia cuando el fallecido no se manifestó en contra de donar. La medida entra en consulta pública este mes y, si prospera, convertirá al país en el último bastión andino que adopta el consentimiento presunto para salvar vidas.
La puerta que se cierra a la negativa tácita
La Resolución 292-2026/MINSA, fechada el 27 de marzo, desmonta pieza a pieza el protocolo que hasta ahora permitía que un solo pariente bloqueara la extracción de órganos. A partir de la nueva regla, la ausencia de una objeción registrada bastará para que los cirujanos procedan. El cambio empuja al Perú hacia la órbita de países como Uruguay y Chile, donde la tasa de donación se triplicó tras saltar el mismo cerco legal.
La cifra habla por sí sola: 90% de los 12 400 pacientes que aguardan riñón, hígado o corazeno acceden al trasplante. El resto muere en la cola o sobrevive con diálisis que agotan el bolsillo estatal. DIGDOT calcula que cada donante cadavérico puede salvar hasta siete vidas; con el nuevo esquema, el ahorro anual en tratamientos sustitutivos rondaría los 30 millones de soles.
Muerte cerebral sin tribulaciones
El proyecto importa la guía de la Sociedad Americana de Neurología para certificar la muerte encefálica. Hasta ahora, los intensivistas peruanos navegaban entre protocolos hospitalarios dispares que retrasaban el diagnóstico y reducían la viabilidad de los órganos. La armonización promete recortar entre 12 y 24 horas la ventana de extracción, crucial cuando el corazón debe latir menos de 48 horas dentro de un pecho ajeno.
Pero hay un detalle que inquieta a los críticos: la norma no obliga a los hospitales a contar con coordinadores de procura permanentes. Sin ese cuerpo de media, advierten, la notificación obligatoria del potencial donante quedará en letra muerta. El MINSA responde que la capacitación continua —ahora exigida— cubrirá el hueco, aunque admite que la primera promoción de especialistas no estará lista hasta 2027.
Autopsias y morgues: la cadena que falta
Otro capítulo rezaba en los cuadernos de juntas médicas desde hace una década: cómo extraer órganos cuando el cadáver está bajo investigación penal. El decreto en elaboración establece que el fiscal debe autorizar la extracción en menos de seis horas y que la morgue judicial garantizará salas de cirugía forense con refrigeración adecuada. La medida evita que un cuerpo se descomponga mientras la ley discute si hubo homicidio o suicidio.
La última pieza del rompecabezas es la trazabilidad. Todos los hospitales —públicos y privados— deberán conectarse al Sistema Nacional de Donaciones y Trasplantes, una plataforma que centraliza en tiempo real la disponibilidad de órganos. Hoy solo 38 de 217 centros están en línea; el MINSa promete 100% de cobertura antes de que el decreto entre en vigor, pero no fija fecha.
El silencio que empieza a rugir
La consulta pública cierra en quince días. La ciudadanía puede enviar observaciones a través de la web del MINSA y los comentarios serán sistematizados por DIGDOT. La versión final llegará al Consejo de Ministros en junio; si no hay sorpresas, el texto se publicará en agosto y se aplicará de inmediato.
Mientras tanto, los pacientes siguen marcando los días con un bolígrafo en el brazo. María Elena Vásquez, 34 años, lleva cinco en diálisis. Escuchó la noticia por la radio mientras viajaba al hospital: «Por fin dejaron de pedirle permiso a mi mamá para salvarme». Su médico le dijo que, con el nuevo protocolo, su posición en la lista podría convertirse en llamado antes de fin de año. La esperanza ya no es un órgano en teoría; es un trámite que dejó de esperar a los muertos.