Perú frena su 5g por una norma ambiental que ya sobra en el papel
Las antenas de 5G que Perú necesita para salir del atraso rural están atrapadas en un trámite verde que nadie pidió. El decreto 023-2024-MTC, firmado en diciembre, obliga a Telefónica, América Móvil y el resto del sector a someter cada torre a una Declaración de Impacto Ambiental como si fueran una mina a cielo abierto. El resultado: 55 % de estaciones base celulares menos de las que el país requiere en 2025 y un hueco de inversión que ya roza los 28 000 millones de soles.
La norma que nació muerta y aún así camina
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones diseñó el reglamento para “armonizar” el despliegue tecnológico con el cuidado del medio ambiente. La falta: olvidó que una antena no contamina, solo irradia. ASIET, el gremio que agrupa a las grandes operadoras, advierte que el texto las iguala con proyectos de alto impacto como oleoductos o centrales hidroeléctricas. La traba no es retórica: desde enero las empresas deben contratar consultoras autorizadas por el MINAM, pagar estudios adicionales y someterse a audiencias ciudadanas que pueden demorar la obra seis meses.
Lo que nadie cuenta es que el 45 % de hogares peruanos sigue sin internet fijo y que la fibra no llega a la sierra donde un kilómetro de red cuesta lo mismo que cinco en Lima. El operador que quiera tender un poste en Cusco deberá ahora justificar por qué no afectará al oso de anteojos, aunque el único animal que aparece en la zona sea la alpaca del vecino.
El minam guarda silencio y la inversión se escapa
El shock desregulatorio prometido por José Salardi —el exministro de Economía— quedó en promesa. Las reuniones tripartitas entre MTC, MINAM y los gremios AFIN y AmCham se repiten sin orden del día ni actas. En la última, el 22 de mayo, las operadoras llegaron con una carpeta de 89 páginas de ajustes técnicos; se fueron con un “se analizará”. La incertidumbre ya tiene costo: los planes de despliegue de 2025 se congelan porque nadie sabe si su consultora ambiental seguirá habilitada cuando llegue la aprobación.
La cifra habla por sí sola: entre 2020 y 2023 solo se aprobó el 86,5 % de las solicitudes ambientales presentadas y menos del 8 % pasó por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Con ese filtro, Perú necesitaría 37 años para alcanzar la cobertura 4G que Chile tiene hoy.
El 5g se paga en tiempo, no en dólares
Mientras el país discute si una antena contamina, el vecino Colombia ya sumó 7 000 estaciones 5G en 18 meses. La brecha crece: en la frontera con Ecuador los peruanos se cuelgan de la señal extranjera para tener datos móviles. El decreto 023 no solo encarece la obra; la hace inviable. La pérdida de vigencia de las certificaciones a los cinco años obliga a revalidar trámites ya pagados, un loop burocrático que dispara el costo total de una torre rural de 120 000 a 190 000 soles.
El mensaje que llega a los directorios es claro: inviertan en otro lado. Y lo hacen. La plata que debía convertirse en postes y cable de fibra ya se fue a Paraguay y Bolivia, donde una antena se instala en 45 días y no en 14 meses.
Perú puede seguir discutiendo el color del papel de los informes ambientales o puede tener internet. Por ahora, elige el papel.