Petro lanza a la diplomática olarte bácares a la carrera por la magistratura de la cpi
El Gobierno colombiano no quiere que el Consejo de Europa siga acaparando la sala de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Con un tuit publicado la noche del domingo, Gustavo Petro colocó en la línea de salida a Diana Carolina Olarte Bácares como única candidata latinoamericana a jueza de la Corte Penal Internacional para el período 2027-2036. El mensaje fue breve, pero la jugada política es de largo alcance: el mandatario busca romper el dominio eurocentrista del tribunal y, de paso, exportar la experiencia del proceso de paz colombiano a La Haya.
La cancillería formalizó la postulación apenas horas antes de que cerrara el plazo. Ahora, entre el 7 y el 17 de diciembre de 2026, once aspirantes de cinco regiones competirán por seis vacantes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (Grulac) apostó todo a una sola carta: la embajadora en los Países Bajos, 49 años, formada en la Javeriana, Estrasburgo y la Sorbona.
El curriculum que asusta a los tradicionalistas
Olarte Bácares no llega con las manos vacías. Fue coagente de Colombia en la demanda marítima contra Nicaragua, representó al Estado ante la CIJ en el caso Gaza y se sienta desde hace tres años en la Corte Permanente de Arbitraje. Su nombre suena con fuerza en los pasillos de la CPI desde que, en 2023, organizó en La Haya un seminario sobre justicia restaurativa que reunió a fiscores y víctimas de todos los continentes. El mensaje que repite como letanía: «El derecho internacional no sirve si no repara».
En privado, diplomáticos europeos reconocen que su perfil técnico encaja con la reforma que el fiscal Karim Khan impulsa para descongestionar el tribunal: más casos resueltos fuera del aula y menos teatralidad penal. Petro, por su parte, ve en ella la oportunidad de blindar la política exterior de su segundo mandato —si logra la reelección— con un asiento en el organismo que puede investigar a cualquier presidente por crímenes de guerra.
Latinoamérica busca su tercer asiento en 25 años
La región solo ha colocado a dos magistrados en la historia de la CPI: el argentino Raúl Cano (2003-2009) y la costarricense Eugenia López (2016-2024). El resto han sido europeos y africanos. Con Olarte Bácares, el Grulac aspira a romper la racha y, de paso, a influir en el giro restaurador que el tribunal necesita para no derrumbarse bajo el peso de sus propios costos: 1.500 millones de euros gastados y apenas doce condenas en dos décadas.
La campaña arranca ya. La candidata recorrerá en los próximos meses Ginebra, Bruselas y Nueva York para sondear apoyos. Su equipo calcula que necesita 72 votos de los 123 posibles en la Asamblea de Estados Partes. El lobby empieza con ventaja: los países del Caribe —14 votos— ya le han prometido el voto unánime a cambio de un compromiso futuro: una oficina de la CPI en Kingston que gestione casos de tráfico transatlántico de armas.
El reloj corre. Si la diplomacia latinoamericana no logra este asiento, la próxima oportunidad no llegará hasta 2034. Mientras tanto, la CPI seguirá juzgando dictadores africanos con jueces suecos y franceses. Colombia apuesta a que la geografía del derecho penal también puede cambiar. La apuesta es alta, pero la ficha ya está sobre el tapete: se llama Diana Carolina Olarte Bácares y representa la apuesta de una región que quiere dejar de ser espectadora de su propia historia.