Petroperú al borde del abismo: aval estatal o privatización encubierta?
La sombra de la crisis se cierne sobre Petroperú, la petrolera estatal, mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa un aval estatal para evitar un colapso financiero inminente. La medida, aunque evita un impacto directo en la caja fiscal, plantea interrogantes sobre el futuro de la empresa y levanta sospechas de una posible estrategia de privatización disfrazada.
Cambios en la cúpula y la incertidumbre persiste
En medio de este escenario de tensión, el directorio de Petroperú ha experimentado una serie de nombramientos y rumores de posibles reemplazos. Carlos Adrián Linares Peñaloza asumirá la vicepresidencia a partir del 31 de marzo de 2026, pero los nombres de Linares Linares, Edmundo Lizarzaburu y Richard Almerco circulan como posibles sucesores de Roger Arévalo Ramírez en la presidencia del directorio. La designación de Lizarzaburu, ya miembro del directorio desde julio de 2025, y la reincorporación de Narváez, ex presidente, añaden complejidad al panorama.
Los sindicatos, por su parte, exigen la publicación del plan de rescate prometido por el Gobierno, cuyo valor se debate entre los 2.000 millones de dólares anunciados por el presidente Balcázar y los 500 millones de soles mencionados por el MINEM. La incertidumbre se agrava en un contexto de volatilidad del precio del barril de petróleo Brent, que fluctúa entre 100 y 118 dólares debido a tensiones geopolíticas.
Proinversión: ¿el camino a la privatización?
La propuesta de ProInversión, encargada por el MEF de reorganizar Petroperú, ha generado fuertes críticas entre trabajadores y especialistas del sector, quienes la califican como una “privatización encubierta”. El plan contempla la creación de bloques patrimoniales autónomos, la atracción de inversión privada a través de contratos de operación y el uso de fideicomisos para gestionar activos, manteniendo formalmente el control estatal. Pero, ¿es esto realmente una solución o el preludio de una venta a cuentagotas?
Petroperú opera con una capacidad de refinación apenas del 60-70% en Talara, lo que agrava su situación financiera. La dependencia de importaciones y la adquisición de petróleo a sobreprecio internacional, sumada a una producción interna limitada, la sitúan en una posición vulnerable. La Asociación de Grifos del Perú (AGESP) considera a Petroperú como un activo estratégico, pero la empresa se ve obligada a evaluar la desactivación de unidades debido a sus deudas.
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