Argentina se ahorra 18.000 millones de dólares con un fallo que silencia a sus acreedores
La Cámara de Apelaciones de Nueva York acaba de devolverle a Argentina el aliento que faltaba: revocó la condena por la estatización de YPF y borró de un plumazo una deuda de 18.000 millones de dólares. El país ya no debe nada. La victoria, sin embargo, no llegó por un golpe de suerte: fue el resultado de una operación de guerra jurídica y diplomática orquestada desde el primer día del gobierno de Javier Milei.
El lobby que inclinó la balanza
Estados Unidos no solo miró desde la barrera. Presentó sendos escritos como amicus curiae y arrastró a otros once países que respaldaron la tesis argentina. Sebastián Amerio, el procurador del Tesoro, lo resume con una frase que suena a sentencia: «Formalmente, EE.UU. nos apoyó varias veces en el expediente. Y eso sí pesa». El dato es brutal: cuando el gigante del norte señala, hasta los jueces escuchan.
El equipo que diseñó la contraofensiva parece sacado de un thriller judicial: María Ibarzabal (Secretaría Legal y Técnica), Pablo Quirno (Cancillería), Alex Oxenford (Embajada en Washington) y tres subprocuradores que revisaron cada coma de los alegatos. «Resistimos las presiones para acordar», confiesa Amerio. Traducción: los fondos buitre querían un pacto exprés y el Gobierno prefirió jugarse el todo por el todo.
Doce años de litigio en una sola sentencia
La historia arranca en 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner desnationalizó YPF con un decreto que parecía un capítulo de House of Cards. La demanda llegó enseguida, la jueza Loretta Preska falló contra Argentina en 2022 y el riesgo de embargo flotó sobre cada activo que el país tenía en el exterior. La pulseada recorrió tres administraciones; solo la cuarta logró torcer el rumbo.
La clave estuvo en cambiar el foco: dejó de tratarse de «soberanía energética» para convertirse en un problema de derecho comercial internacional. Los abogados argentinos convencieron a la Cámara de que la estatización no violó el tratado bilateral de inversiones porque nunca hubo una expropiación de facto: los accionistas de YPF mantuvieron sus acciones y el Estado solo reconfiguró el control accionario. Una distinción sutil que, bien vendida, anula 18.000 millones de intereses y daños.
Qué viene después: menos del 5 % de chance para el enemigo
Burford Capital, el fondo que financió la demanda, puede apelar a la Suprema Corte o iniciar un nuevo round en el CIADI. Amerio lo descarta: «Cuando teníamos un 10 % de éxito, ahora ellos tienen menos del 5 % de revertir esto». El número es una forma elegante de decir que el caso está muerto, aunque todavía respire por aparato.
El efecto domino ya se siente: los bonos argentinos subieron, los analistas bajaron el riesgo país y los ejecutivos de energía revisan planillas de capex con sede en Buenos Aires antes que en Bogotá. «Esto va a posibilitar que sigan viniendo las inversiones», predice Amerio. La frase suena a slogan, pero detrás hay un dato duro: cada punto que baja el costo de financiamiento externo le ahorra al Tesoro unos 600 millones de dólares anuales.
El cierre de la entrevista en Radio Mitre fue casi íntimo: «Se puede hacer en Argentina las cosas bien. Requiere trabajo, bajo perfil y control del ego». Una lección que muchos presidentes anteriores escribieron y ninguno aplicó. Milei, por ahora, lleva la única marca aprobada en el examen.