Glaciares en la mira: el gobierno abre paso a la minería con polémica
La modificación de la Ley de glaciares, largamente esperada por el sector minero y duramente criticada por ambientalistas, está a punto de concretarse. Hoy, el oficialismo buscará la aprobación del dictamen en la comisión correspondiente, un trámite que se ha visto marcado por un debate encendido y una escasa participación ciudadana real.
Un proceso deliberativo cuestionado
La audiencia pública, que congregó a más de 160.000 inscriptos, terminó siendo un fracaso en términos de participación efectiva. Apenas unos 400 lograron exponer sus argumentos, evidenciando las limitaciones del proceso y las sospechas de un manejo intencionado de las voces. La Libertad Avanza y sus aliados parecen decididos a forzar el dictamen de mayoría, allanando así el camino para una expansión de la industria minera en zonas actualmente protegidas.
Pero hay un detalle que complica la ecuación: los números para aprobar la modificación son justos. Para evitar una fuga de votos, el oficialismo ha recurrido a una estrategia de presión, instando a gobernadores de provincias mineras a movilizarse y defender la propuesta en la comisión. Y movilizarse se han movilizado. Gobernadores, ministros y funcionarios de alto rango de Catamarca, Jujuy, Mendoza y San Juan se sumarán a la reunión de hoy, tanto de forma presencial como virtual, demostrando la urgencia y la importancia que el gobierno nacional otorga a este tema.
Entre los presentes, se espera la participación de figuras clave como Marcelo Orrego (gobernador de San Juan), Raúl Jalil (gobernador de Catamarca), Teresita Regalado (ministra de Minería de Catamarca) y Juan Pablo Perea (ministro de Minería de San Juan). Un despliegue de poder que, sin embargo, no incluye voces disidentes. La ausencia de representantes de la oposición o de organizaciones ambientales levanta serias interrogantes sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso.
Lo que nadie cuenta es que, mientras el oficialismo se asegura el apoyo de las provincias mineras, la Coalición Cívica, a través de su diputado Maximiliano Ferraro, ha lanzado una severa advertencia. En una carta abierta dirigida a gobernadores y diputados, Ferraro denuncia que la modificación de la Ley de glaciares pone en riesgo un recurso estratégico compartido, amenazando el suministro de agua para numerosas provincias, incluso aquellas que carecen de glaciares propios. El legislador cuestiona la falta de participación ciudadana real y la arbitrariedad en la selección de oradores, calificando la reciente audiencia pública como una “representación sectorial minera”.
El diputado Ferraro no se anda con rodeos: “Quedó claro que acá no hay buena fe. Convirtieron el plenario en una representación sectorial minera, queriéndonos hacer creer que acá solo se discuten los recursos de las provincias cordilleranas”. Su crítica apunta directamente al corazón del problema: un proceso legislativo dominado por los intereses de la industria minera, en detrimento de la protección del medio ambiente y el bienestar de la población.
La cifra habla por sí sola: 18 firmas son necesarias para obtener el despacho de comisión en la comisión de Asuntos Constitucionales, y el oficialismo parece tenerlas aseguradas. Pero la controversia está lejos de terminar. La aprobación de esta ley podría abrir una brecha legal peligrosa, poniendo en riesgo un recurso vital para el futuro de Argentina. La pregunta ya no es si se aprobará, sino a qué precio.