Golpe bajo a milei: la justicia frena su reforma laboral y el gobierno ya prepara la contraofensiva
El castillo de naipes de la reforma laboral de Javier Milei se tambalea. A apenas horas de que la Justicia le dictara la suspensión de 83 artículos clave de la Ley 27.802, el Ministerio de Capital Humano anunció que apelará la medida y prometió batirse hasta la última instancia. La ministra Sandra Pettovello lo comunicó desde su celular, con un tuit que sonó a grito de guerra: el Ejecutivo no está dispuesto a ceder terreno en lo que considera su bandera económica.
La cgt logra el primer round
El revés llegó de la mano del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que hizo lugar al pedido de la CGT y dejó sin efecto, al menos por ahora, los cambios que el Congreso había sancionado con amplio respaldo en diciembre. La central obrera argumentó que la reforma violenta derechos constitucionales básicos: protección laboral, libertad sindical, no discriminación y progresividad de los derechos sociales. El tribunal entendió que la demanda reunía los requisitos para tratarse como acción declarativa colectiva y que, de no frenarse, los nuevos artículos podrían causar daños irreversibles.
Entre las normas suspendidas figuran la exclusión de los trabajadores de plataformas tecnológicas de la ley general, la eliminación de la presunción de relación laboral, la reducción de garantías en la tercerización y la desaparición del principio in dubio pro operario. También quedó en standby la derogación de la ley de teletrabajo y la creación de nuevos fondos de asistencia laboral. En la práctica, hasta que la Corte diga lo contrario, rige el mapa legal anterior: más protección para el despido, reglas sindicales más rígidas y vacaciones menos flexibles.
El gobierno activa el plan b
Desde la lógica oficial, la suspensión es un simple “incidente de trámite”. En el Ministerio aseguran que la ley fue sancionada por mayoría parlamentaria y que, por tanto, expresa la voluntad popular. La estrategia jurídica ya está montada: apelación inmediata, pedido de per saltum y, de ser necesario, llegar a la Corte Suprema. El mensaje es claro: no van a dejar intacta ninguna instancia. El riesque político, sin embargo, es inmediato: cada día que la reforma permanezca congelada, el discurso de “revolución liberal” pierde fuelle y la CGT gona espacios de negociación.
El fallo, además, abre una grieta dentro del propio oficialismo. Algunos sectores moderados del PRO recomiendan negociar con los sindicatos para evitar un conflicto que pueda paralizar el país; la línea dura de La Libertad Avanza exige radicalizar el plan y avanzar por decreto si hace falta. Mientras tanto, las empresas que ya habían empezado a ajustar sus recursos humanos a la nueva normativa deben frenar los cambios y, en muchos casos, deshacer lo hecho. El costo económico de la incertidumbre empieza a contabilizarse en millones de pesos.
La pulseada ya trasciende los tribunales. Para la CGT, la suspensión es un espaldarazo que legitima su postura: la reforma era un “cepo laboral encubierto”. Para el Gobierno, es un “golpe de grado” de una Justicia que, según sospechan, responde a intereses corporativos. La próxima escena será la sala de apelaciones. La calle, por ahora, calla, pero el termómetro social empieza a subir. Con la inflación rozando el 300 % anual y el desempleo creciendo, cualquier resolución que se demore demasiado puede convertirse en chispa. El reloj corre para ambos lados: para Milei, que necesita mostrar resultados antes de las elecciones de medio término; para la CGT, que no puede permitirse perder la batalla simbólica. El tablero está servido y la ficha aún no tocó fondo.