La cgt frena de golpe la reforma laboral: un juez suspende 30 artículos clave
El Gobierno acaba de recibir la primera gran patada en la tabla de la legalidad. Un juez de primera instancia paralizó este lunes buena parte de la Ley 27.802 de Modernización laboral, la joya de la corona del ministro Moroni, después de que la cgt demostrara que la norma vulnera la Constitución y los convenios internacionales firmados por Argentina.
La suspensión afecta a 30 artículos que ya estaban en vigor desde el 6 de marzo. Entre ellos, la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, la desaparición del principio in dubio pro operario y la nueva regulación para plataformas tecnológicas que Uber y Rappi celebraban como su particular manifiesto de victoria.
El argumento que hizo tambalear la reforma
La CGT, representada por Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, no se conformó con la protesta callejera. Presentó un escrito de 400 páginas donde demuestra que la reforma atenta contra cinco pilares constitucionales: protección laboral, libertad sindical, no discriminación, tutela judicial efectiva y progresividad de los derechos sociales.
El juez Ricardo Rodríguez, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, compró la tesis sindical. En su fallo advierte que «la modificación unilateral de las condiciones esenciales del contrato de trabajo puede generar un efecto demoledor sobre la negociación colectiva». Traducción: la reforma rompe el tablero antes de sentarse a jugar.
La suspensión es «previa y precautelar», lo que significa que el Gobierno no puede aplicar los artículos impugnados hasta que la Corte Suprema se pronuncie. En la práctica, la administración de Milei retrocede al mapa laboral de 2019, cuando Alberto Fernández derogó el decreto macrista que la actual Casa Rosada acaba de revivir con otros ropajes.
El lobby tech, el gremio de camioneros y la guerra por venir
La pulseada tiene tres frentes. El primero: las apps de delivery y transporte que ya habían empezado a cotizar en Wall Street el día después de publicada la ley. El segundo: Hugo Moyano, que ve cómo se desmorona su histórica estrategia de paralizar el país con un solo acorde de bocina. El tercero: un Poder Judicial que, por primera vez en dos años, no actúa como correa del Ejecutivo.
El Ministerio de Trabajo emitió un comunicado de cuatro líneas donde «respeta pero no acata» la medida. En off, un funcionario de tercera línea reconocía anoche: «Nos agarraron con la guardia baja, pensábamos que los gremios solo iban a marchar». La marcha, claro, fue la foto. El golpe legal fue la operación quirúrgica.
Mientras tanto, en la sede de Azopardo respiran con alivio. No porque hayan ganado la guerra, sino porque lograron lo que ningún sindicato consiguió desde 2015: ponerle un freno judicial a un modelo laboral que prometía ser la reforma estructural del siglo XXI argentino. La próxima jugada es del Palacio de Justicia. Y, como en toda guerra, del lado contrario ya preparan la contraofensiva.