La justicia pone a milei contra la pared: ¿fin del ajuste universitario?
El Gobierno de Javier Milei se enfrenta
a un nuevo frente de batalla: la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. Tras un fallo contundente de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que ordena su aplicación inmediata, la administración nacional se debate entre apelar a la Corte Suprema o ceder ante la presión judicial y estudiantil.Un fallo que desafía la ortodoxia
La resolución judicial, firmada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, desestima los argumentos del Poder Ejecutivo sobre una supuesta carga fiscal “sustancial” y prioriza el derecho constitucional a la educación pública. La decisión, que se suma a una anterior del juez federal Enrique Cormick, deja al gobierno en una posición delicada, con estudiantes y docentes movilizados y la amenaza de una crisis institucional inminente.
Desde la UBA, el vicerrector Emiliano Yacobitti ha sido claro: “El PEN debe cumplir con la ley”. La omisión, advierte, podría constituir “un caso de gravedad institucional sin precedentes”. La ironía es palpable: mientras Milei promueve un ajuste presupuestario severo, la Justicia le exige cumplir una normativa que, según fuentes gubernamentales, podría costarle al Estado un 0,23% del PBI – una cifra que, según la Cámara, es “baja y no afecta sustancialmente el interés público”.
La batalla por el presupuesto: ¿recorte o supervivencia?
La postura predominante en el Gobierno, según infirma una fuente interna, es apelar a la Corte Suprema, buscando ganar tiempo mientras intenta avanzar con su propio proyecto de ley universitario, que implica una menor inversión. Pero la realidad es que las universidades, ya golpeadas por la inflación, ven con preocupación la caída real acumulada del 45,6% en las transferencias entre 2023 y 2026. La cifra habla por sí sola: los salarios universitarios han crecido un 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación se sitúa en un 280%, generando una pérdida de poder adquisitivo del 32% – el equivalente a 7,3 salarios mensuales perdidos en el período.
El conflicto se agrava ante la parálisis en la Auditoría General de la Nación (AGN), con solo un auditor con mandato vigente. La promesa de auditorías a las universidades, utilizada como argumento para justificar los recortes, se topa con la realidad de una institución prácticamente acéfala.
Pero lo que más irrita al oficialismo, según se desprende de las quejas internas, es que la Justicia haya cuestionado la calificación del impacto fiscal como algo “bajo”. “Ahora se ve que la Justicia se dedica a decir cuánto es mucho y cuánto es poco”, se quejaba una fuente cercana al Gabinete. La tensión es palpable, y el futuro de la educación pública universitaria pende de un hilo.
El gobierno insiste en que los fondos disponibles eran suficientes y que las universidades deben optimizar sus gastos. Pero la insistencia en el ajuste, a pesar de las sentencias judiciales y las protestas estudiantiles, dibuja un panorama incierto para el futuro de la educación superior en Argentina.
La pelota está ahora en el tejado del gobierno. ¿Cederá ante la presión judicial y estudiantil, o buscará, una vez más, desafiar al Poder Judicial y profundizar el ajuste a costa de la educación pública?