Mahiques dispara 52 pliegos al senado y el poder judicial se juega la última carta
El martes a las 10.07 el ministro Juan Carlos Mahiques apretó el acelerador: 52 carpetas con nombres de futuros jueces entraron al Senado como un ladrillo en el cristal de un sistema que lleva años astillándose. La cuenta es simple: faltan cubrir más de 300 juzgados vacantes y la Casa Rosada decidió que la única forma de no ahogarse en su propio barro es inundar la Cámara alta con pliegos, tandas de a 60, negociados a la par con gobernadores que miran la lapicera y piensan en 2027.
La plata y san martín se comen la tanda
El primer envío trae de todo: seis candidatos para el fuero Criminal y Correccional Federal, cinco para La Plata y uno para San Martín; nueve pliegos más para la Capital; dos para menores; cinco para la rama civil y un solitario juez que deberá cruzar el Bermejo para sentarse en el Tribunal de Formosa. Pero hay un detalle que nadie firma: 23 jueces, 4 defensores y 12 vocales de cámara apenas alcanzan para maquillar la hemorragia. El resto —los otros ocho pliegos que faltan del anuncio original— se negocia en mesas de café donde el poder provincial exige contrapartidas que no están escritas en ningún reglamento.
Lo que nadie cuenta es que los pliegos ingresaron hoy, pero no se tocarán esta semana. La agenda del Senado es corta y la Comisión de Acuerdos ya cerró su temario. Traducción: los nombres se quedarán reposando en los escritorios al menos diez días, tiempo suficiente para que aparezca algún diputado dispuesto a levantar el perfil judicial de cara a las elecciones de medio término. La reforma interna que se votó el 18 de marzo —obligatoria de publicar los candidatos con quince días de anticipación— se transformó en un boomerang: ahora cada pliego es una foto que circulará por WhatsApp y algún gobernador ya empezó a quejarse de que «se filtraron los nombres antes de tiempo».
Enargas, la tajada que viene en el mismo sobre
Mientras los jueces esperan, el paquete incluye una puntita extra: el directorio del ENARGAS. Mahiques propone a Néstor Laboglia —el interventor que ya lleva más de mil días en el cargo— como presidente y a Vicente Serra como vice. El mensaje es claro: el Gobierno no piensa soltar la llave del gas, y si alguien en el Senado pretende frenar los pliegos judiciales, también deberá explicar por qué deja sin directorio al regulador que administra tarifas por 15 mil millones de pesos al año. La jugada es de esas que se aprenden en la facultad de Derecho: si te van a criticar, que al menos tengan que elegir entre dos fuegos.
La Corte, mientras tanto, sigue insistiendo en que el Consejo de la Magistratura debe cambiar la forma de armar las ternas. Pero la ternas ya no importan si el Ejecutivo decide mandar el nombre que se le cantó. Y el Consejo, dividido entre oficialismo y oposición, funciona a trompicones con quorum testimonial. La última vez que se reunió, hace dos semanas, apenas logró sortear la lista de auxiliares temporarios. Con 52 pliegos sobre la mesa, el desafío ya no es técnico: es político puro. ¿Cuántos gobernadores peronistas firmarán un acuerdo con un gobierno que les sacó coparticipación? ¿Cuántos senadores radicales se subirán al teatro de la transparencia cuando en sus provincias hay juzgados que no funcionan desde 2019?
La cuenta regresiva arrancó. Si el Senado no los trata antes del 30 de mayo, vencen sesiones ordinarias y los pliegos vuelven a la gaveta del ministerio. Serían otros seis meses de conjueces, sobresueldos y expedientes que se apilan en pasillos sin aire. Mahieves lo sabe: por eso prometió «tandas mensuales» hasta fin de año. La primera ya llegó. El martes próximo, cuando la Comisión de Acuerdos abra su puerta, 23 jueces y 16 funcionarios más sabrán si su nombre pasará del anonimato al poder. Mientras tanto, los 300 juzgados vacantes siguen ahí, como una herida que no deja de sangrar y que, esta vez, el Gobierno prefiere curar a mazazos de papel.