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Sacramento: una madre daca arrancada de sus brazos en menos de 24 horas

Un error burocrático, una pesadilla para una familia. Maria de Jesus Estrada Juarez, residente de Sacramento desde hace casi tres décadas y protegida por el programa DACA, fue deportada a México el pasado febrero, apenas un día después de asistir a una cita de inmigración de rutina. Una decisión que ha conmocionado a la comunidad y reavivado el debate sobre los fallos del sistema migratorio estadounidense.

La rapidez del proceso, un golpe demoledor

Estrada Juarez, que acudió al edificio federal John E. Moss el 18 de febrero para tratar el estatus de su solicitud de residencia permanente, se enfrentó a una denegación inmediata y a la posterior deportación. Lo que nadie cuenta es la brutalidad de la separación: sin aviso, sin oportunidad de despedirse de su hija, Damaris Bello, nacida en Estados Unidos. La velocidad del proceso, según relata la propia Estrada Juarez, fue “tan rápida que no tuve tiempo ni de defenderme”.

“Me arrebataron de mi hija sin previo aviso. No tuve tiempo de prepararme, de decirle adiós. No tuve una oportunidad real de hablar con un juez o defenderme. Todo sucedió demasiado rápido,” afirma Estrada Juarez, visiblemente afectada. La imagen de la madre abrazando a su hija, tras semanas de angustia, es un duro recordatorio de las consecuencias humanas de las políticas migratorias.

Un recurso legal y una espera angustiosa

Ante esta situación, sus abogados presentaron una demanda federal que logró una medida cautelar de emergencia a finales de marzo. Un juez dictaminó que la deportación era ilegal y ordenó su regreso en un plazo de siete días. La espera fue agónica para Damaris Bello, quien temía no volver a ver a su madre. “Ha construido su vida aquí con honestidad y trabajo duro. Pero en lugar de volver a casa, fue detenida y deportada en menos de un día. No tuvimos tiempo de despedirnos. Fue como estar de luto por alguien que aún estaba vivo,” declara Bello, con la voz quebrada.

La defensa alega que Estrada Juarez fue deportada basándose en una orden de expulsión de 1998 que nunca llegó a ser definitiva. Maria Braley, abogada de Fwd US, señala que “ocurrieron dos errores graves en el caso de Maria. Uno, fue deportada ilegalmente por ser una receptora de DACA. Y dos, la base de esa deportación fue una orden de expulsión de 1998 que en realidad nunca fue final”.

La respuesta oficial y las críticas

La respuesta oficial y las críticas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se defiende argumentando que Estrada Juarez recibió el debido proceso. Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente del DHS, afirma que “DACA no confiere ninguna forma de estatus legal en este país. Cualquier indocumentado que sea receptor de DACA puede ser arrestado y deportado por una serie de razones, incluido si ha cometido un delito”. Sin embargo, esta justificación ha sido recibida con escepticismo por defensores de los derechos de los inmigrantes.

Karina Talamantes, vicealcaldesa de Sacramento y hija de padres inmigrantes, lamenta profundamente el caso. “El gobierno de Trump ha provocado que la gente viva con miedo a su propia seguridad y a la de sus familias. Eso no es la América que conozco. Esta es una nación construida por inmigrantes para inmigrantes, y debería seguir siéndolo”.

Un llamado a la reflexión y la acción

Un llamado a la reflexión y la acción

El caso de Estrada Juarez ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de los procedimientos migratorios. Braley advierte que “lo que estamos viendo en todo el país ahora mismo no es normal. Las familias están siendo separadas con poca o ninguna advertencia. La gente está siendo detenida a pesar de tener protecciones. Las comunidades están siendo desestabilizadas de maneras que deberían preocuparnos a todos”.

Ahora, los abogados de Estrada Juarez se centran en renovar su estatus DACA, que expira a finales de abril, y en continuar el proceso para obtener la residencia permanente que perseguía antes de su abrupta deportación. La esperanza, aunque frágil, persiste. Lo que ha ocurrido a Maria debe servir de espejo a un sistema que, con demasiada frecuencia, olvida la humanidad detrás de los números.