Reviven la pesadilla del siforpa ii: 2.000 barcos fantasmas quieren licencia de pesca
El Congreso quiere resucitar un cadáver legal para enterrar el mar peruano. El 12 de marzo, el mismo diputado que ya fracasó en 2025, José Bernardo Pazo Nunura, volvió a presentar el proyecto 14212/2025-CR con una promesa electoral: meter en la legalidad a 2.000 embarcaciones artesanales que nunca pudieron demostrar que existían cuando el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA II) cerró sus puertas en 2023.
La jugada es simple: aprobar una ley que obligue a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) a revalidar trámites vencidos y a PRODUCE a conceder permisos que el marco legal ya no admite. El anzuelo, esta vez, es obligar a los barcos “fantasma” a portar un dispositivo de seguimiento satelital (SISESAT) mientras esperan que otro permiso muera para ocupar su lugar.
La flota que desapareció y ahora quiere resucitar
Entre 2018 y 2023, SIFORPA II logró que 2.400 buques artesanales accedieran a papeles. Otras 2.000 quedaron fuera porque, cuando la autoridad los fue a buscar, no había ni rastro de casco ni motor. Ahora esas mismas solicitudes –algunas con actas de verificación firmadas hace seis años– reclaman una segunda oportunidad. El detalle que nadie menciona: no hay forma de saber si la embarcación verificada en 2018 es la misma que hoy navega.
Elsa Vega, presidenta de SONAPESCAL, lo resume sin anestesia: «La mitad de esas naves fueron desguazadas o vendidas por piezas. Lo que quieren es legalizar barrios enteros de chalupas construidas en los últimos meses con madera ilegal y motores robados».
El satélite que legaliza la ilegalidad
La propuesta instala un oxímoron regulatorio: usar SISESAT –herramienta de control para flota autorizada– como pasaporte para quienes nunca lo fueron. «Es como pedirle al GPS que justifique un robo de auto», advierte Piero Rojas, de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. El mecanismo, diseñado para vigilar la pesca industrial, no valida la antigüedad del casco ni la procedencia del motor; solo dice dónde está el barco hoy.
El riesgo biológico es inmediato. El ingeniero Iván Gómez, de Innovation for Ocean Action, calcula que sumar 2.000 nuevas licencias implicaría un incremento del 18 % en el esfuerzo pesquero sobre especies ya sobreexplotadas como la pota y el perico. «El stock no da más. Estamos a un año de cerrar el calamar de 10 pulgadas y a dos de colapsar el perico», sentencia.
El tiempo se acaba y el mercado ya sintió el golpe
Mientras el proyecto duerme en comisión, el precio del calamar gigante en el puerto del Callao cayó un 12 % en lo que va de abril. Los compradores anticipan un aluvión de barcos legalizados que volcarán 40.000 toneladas extra de producto en playas donde ya no caben más redes. «Si esto se aprueba, el kilo de pota bajará a 2 soles y la flota artesanal formal quebrará», advierte Vega.
Pazo Nunura tiene hasta julio de 2026 para convertir su iniciativa en ley antes de perder la inmunidad parlamentaria. La votación, prevista para junio, se cocina a fuego lento tras bambalinas: pescadores de Tumbes y Piura reciben viáticos para asistir a «talleres de capacitación» en Lima, mientras que asesores del PRODUCE redactan un informe técnico que, según filtró este diario, recomienda rechazar la propuesta «en los términos más tajantes».
La partida se juega en una mesa de póker donde el Congreso apostó 2.000 barcos que nadie vio, el ministerio defiende un mar que ya no da más y el recurso –esa pota que se reproduce en 180 días– no puede pedir licencia para existir. Si la ley pasa, el Perú habrá logrado lo imposible: convertir la ilegalidad en política de Estado y la escasez en negocio redondo para quienes venden motores fuera de borda en los puertos clandestinos de Paita.