Roma detiene a 91 anarquistas y meloni blinda su decreto de seguridad
Las esposas crujieron este domingo en las calles de Roma al mismo tiempo que 91 anarquistas cumplían su arresto preventivo. No había disturbios, ni cócteles molotov, solo la certeza de la Policía de que cada uno de ellos llegaba a la ciudad para recordar a Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone, los dos militantes que murieron al fabricar una bomba el 19 de marzo en una granja abandonada del sur de la capital.
La operación, autorizada por la Fiscalía, se ejecutó antes de que los simpatizantes pisaran siquiera el parque Modesto di Veglia, donde una treintena terminó depositando un ramo de flores entre un despliegue de antidisturbios y fuerzas especiales. Todos fueron identificados. A los 91 detenidos se les comunicó que podrían ser expulsados del país.
Meloni carga contra el “discurso complaciente”
Georgia Meloni no perdió el tiempo. En un mensaje en redes sococializó la cifra con mayúsculas: 91. “La detención confirma la necesidad del Decreto de Seguridad”, sentenció. La norma, que endurece las sanciones contra las protestas no autorizadas y amplía las competencias policiales, lleva meses en el disparadero de ONGs y partidos de izquierda. La primera ministra lo niega: “No criminaliza la libertad de manifestación, garantiza que quien ejerce ese derecho no lo haga con explosivos”.
El argumentario oficial señala que la marcha fue prohibida por “exaltar el montaje de artefactos con fines criminales” y por “ser contraria a la convivencia democrática”. Es decir, recordar a dos muertos mientras se portan sus ideas ya se considera una amenaza al orden constitucional.
La bomba que los identificó
La explosión del 19 de marzo fue tan brutal que a Mercogliano le arrancó la mano derecha. Las huellas dactilares quedaron inutilizadas. Solo los tatuajes anarquistas en el torso permitieron a los forenses confirmar su nombre: un veterano de 53 años condenado en el macrojuicio antiterrorista de 2019. Ardizzone, 36 años, fue absuelta el año pasado en Perugia tras ser investigada por los mismos círculos. Ambos integraban la FAI-FRI, la misma sigla que agrupa a Alfredo Cospito, el preso cuya huelga de hambre desencadenó protestas en toda Italia hace meses.
El lugar del siniestro, un caserón junto al Parque de los Acueductos, es un punto de reunión habitual para okupas y colectivos autónomos. Vecinos aseguran que llevaban semanas viendo luces de noche. La Policía cree que preparaban un artefacto para ser usado en una acción de repercusión mediática.
Una ley que anticipa el arresto
Con el Decreto de Seguridad en la recámara, el Gobierno ya no espera a que las bombas estallen. La estrategia es desarticular la protesta antes de que nazca. Por eso los autobuses de anarquistas fueron interceptados en las autovías. Por eso se prohibió la concentración. Por eso 91 personas pasaron la noche en comisaría sin haber roto ni una farola.
La oposición denuncia “un veneno para la libertad de expresión”. Meloni responde que “la libertad de expresión no incluye el derecho a enaltecer a quienes fabrican explosivos”. La frase resume el pulso del país: ¿puede un Estado disolver una protesta solo por el ideario de sus convocantes?
Mientras tanto, en el parque Modesto di Veglia las flores que colocaron los valientes que desafiaron el veto ya han sido retiradas. Las cámaras siguen ahí, los agentes hacen rondas cada media hora y el recuerdo de Mercogliano y Ardizzone se reduce a una mano perdida y una cicatriz en la ciudad que los vio partir.