Rusia engaña a peruanos y los envía a la guerra: una red criminal despierta el alarma
Ocho muertos y una docena de jóvenes peruanos, reclutados bajo falsas promesas de empleo, yacen en las morgues de la zona de conflicto en Ucrania. Una red de tráfico de personas, compuesta por ciudadanos colombianos, mexicanos y tres peruanos que operan como reclutadores locales, ha utilizado Instagram y otras plataformas digitales para atraer a licenciados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ofreciéndoles contratos de seguridad, cocina o instrucción con salarios hasta 4.000 dólares mensuales y un bono inicial de 20.000.
El engaño y el destino: un horror en la línea de batalla
El abogado Percy Salinas, defensor de las familias afectadas, relata un macabro mecanismo de captación. Los reclutadores, operando bajo diferentes empresas, contactan a las víctimas en centros comerciales, restaurantes y parques, y les hacen firmar documentos redactados íntegramente en ruso. Nadie en Perú, según Salinas, comprende este idioma. Tras solo tres días de firma, los reclutados reciben su pasaje, solo para descubrir que la realidad es brutal: pierden su pasaporte, su celular y su DNI, y son informados de que deben pagar 20.000 dólares a los reclutadores. Un documento revelador, traducido con dificultad, indica que los peruanos están siendo inducidos a adquirir la nacionalidad rusa, con todas las consecuencias legales y militares que ello implica, aunque formalmente no han renunciado a su ciudadanía peruana.
La empresa responsable ha cambiado de nombre en al menos seis ocasiones, complicando aún más las investigaciones. Las familias han presentado una denuncia formal ante la DININCRE, aportando videos, capturas de chats y otros materiales que identifican a los tres reclutadores peruanos. La respuesta de la red ha sido inmediata: amenazas a las familias, que ahora viven con el terror.

La impunidad y la desesperación de las familias
A pesar de las denuncias, nueve peruanos más fueron detectados el sábado pasado intentando viajar a Rusia bajo las mismas condiciones fraudulentas. La Cancillería peruana, según denuncia Salinas, no ha brindado el apoyo necesario, lo que ha generado una profunda indignación entre las familias. El abogado ha contactado al Comité Internacional de la Cruz Roja para gestionar la repatriación de los fallecidos y la atención de los heridos, pero la inacción del Estado es palpable. Las 120 familias afectadas han solicitado una audiencia directa con el canciller, exigiendo una mediación oficial, sin obtener respuesta.
Las autoridades siguen permitiendo que esta red de tráfico de personas opere con impunidad. Ocho peruanos ya han muerto en la guerra, y la cifra podría ser mucho mayor. La situación exige una acción urgente y contundente. El silencio oficial es intolerable.
