Santacruz y el telón de acrilo: la justicia se aferra a la creación del puesto
La vista oral en el caso Santacruz se cierra con una tensa presentación de pruebas y un recuento de más de cuarenta testigos, incluyendo peritos, que buscan determinar si el presunto uso de influencia para la creación de un puesto en la Diputación de Badajoz es más un mero error administrativo o un acto de corrupción orquestado.
El pistoletazo inicial de gallardo
La declaración del ex presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, es el eje central del juicio. Según el teniente coronel Antonio Balas, Gallardo fue el “pistoletazo” que activó la creación del puesto para David Sánchez en el segundo semestre de 2017. Balas argumenta que Gallardo “dio el pistoletazo” para que se pusiera en marcha la plaza.
Defensas: deducciones, no hechos
Las defensas, sin embargo, se mantienen firmes en su postura: las afirmaciones del teniente coronel son “deducciones” y no pruebas irrefutables. El abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, fue particularmente crítico con la testifical de Balas, señalando que el testigo respondió con una pregunta (“¿Le parece poco?”) al ser interpelado sobre la ausencia de “correos más relevantes” que sustentaran los hechos enjuiciados. La Fiscalía reconoce la existencia de “datos objetivos” en los correos intervenidos, pero insiste en que no pueden ser interpretados como evidencia de delito.
La fractura en la fiscalía
La Fiscalía ha pedido la absolución de todos los acusados, argumentando que las acusaciones no están acreditadas, pero la posición de las acusaciones populares ha generado divisiones. PP, HazteOir y Vox han criticado duramente la estrategia de la Fiscalía, mientras que Manos Limpias ha propuesto penas más severas para Sánchez y Gallardo, rebajando las penas para el resto de los acusados. Este disparate en las penas propuestas, con variaciones significativas entre las distintas fuerzas políticas, revela una profunda desconfianza en el proceso judicial.
Un juego de influencias y plazas
La batalla legal se centra, además, en la alegación de tráfico de influencias y la posible complicidad. Las acusaciones han introducido el delito de “cooperador necesario o inductor en la prevaricación” en los casos de David Sánchez y Carrero, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de las defensas, que consideran una práctica desleal. Manos Limpias ha anunciado una querella contra Gallardo por el proceso de creación y adjudicación de la plaza a Carrero, denunciando la falta de investigación sobre este aspecto durante la fase de instrucción.
La defensa se echa para atrás
Las defensas, por su parte, argumentan que los procesos de plazas se realizaron de forma legal y niegan cualquier influencia indebida. Consideran que las acusaciones han buscado “rédito político” y han transformado el caso en una “novela policíaca”. Gallardo ha cerrado el juicio afirmando que “la única culpabilidad” de los acusados es “no tener las mismas ideas políticas que las acusaciones populares”.
Un cierre contundente
Con la sentencia a la vuelta de la esquina, la justicia en Badajoz deberá decidir si el presunto uso de influencia para la creación de un puesto es un mero error o una trama de corrupción que ha destapado las cloacas de la política local. El caso Santacruz, sin duda, ha puesto a prueba la credibilidad de las instituciones y ha dejado una profunda cicatriz en el panorama político regional.