Sheinbaum abre la puerta a pagar la defensa de maduro con dinero público mexicano
Claudia Sheinbaum acaba de soltar una bomba en Palacio Nacional: México no vería «ningún problema» en que los fondos públicos venezolanos congelados sirvan para la defensa judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos. La frase, dicha sin titubeos, ha desatado un vendaval de mensajes entre embajadas, despachos de abogados y grupos de oposición antes del desayuno.
La línea roja que no se ha cruzado… todavía
La presidenta dejó claro que, hasta este lunes, no ha intercambiado ni un mensaje con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana que funge como canciller. «No se ha dado la oportunidad», dijo, como quien habla de una cita que se aplaza porque la agenda está saturada. Pero matizó: «Podemos hablar con ella». Con esas cuatro palabras, abrió la puerta a un acercamiento que Washington observa con lupa.
Sheinbaum se apoyó en la Constitución para blindar la postura: no intervención, soberanía nacional y la idea de que cada gobierno decide cómo gasta su dinero. El argumento, para los que llevan años rastreando cuentas bancarias en la era López Obrador, suena a viejo manual de Morena: hablar de principios cuando el tablero internacional se vuelve incómodo.

El dilema que nadie nombra: 1 400 millones de dólares congelados
Detrás del discurso hay una cifra que se repite en los pasillos de la Secretaría de Hacienda: 1 400 millones de dólares bloqueados por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a empresas vinculadas a Maduro. Parte de ese pastel podría descongelarse si un juez admite que se destinen a gastos legales. Ahí es donde entra México: si Caracas logra que una parte del dinero pase por un banco mexicano, Sheinbaum ya ha adelantado que no pondrá trabas.
La jugada no es gratis. El gobierno mexicano acumula demandas por expropiaciones petroleras de la era Peña Nieto que aún no saldan. Cualquier gestión que olga a favoritismo hacia un mandatario sancionado puede ser utilizada en tribunales de Nueva York para congelar activos mexicanos. «Es un riesgo reputacional y financiero», me dijo anoche un exsocio de White & Case que lleva juicios de expropiación en el Caribe.
Sheinbaum lo sabe. Por eso, mientras hablaba, repitió hasta la saciedad la frase «no intervención». Repetirlo no lo hace verdad, pero sí lo hace oficial.

El silencio que llegó de washington
La respuesta de la Casa Blanca fue un silencio que retumbó en la embajada estadounidense en la capital mexicana. Fuentes diplomáticas confirman que el embajador Ken Salazar ha pedido una reunión «a la brevedad» con la secretaria de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. No ha sido fijada. En la lógica de Washington, cualquier país que facilite fondos a un dictador bajo sanciones se coloca en la mira de la OFAC, la oficina de control de activos extranjeros.
Mientras tanto, en Caracas, el equipo de Rodríguez ya tomó nota. La vicepresidenta publicó un tuit a los 23 minutos de terminada la mañanera: «Gracias, hermana Claudia, por tu solidaridad bolivariana». El mensaje, borrado a la media hora, fue capturado por usuarios que aún lo cosen en hilos de WhatsApp.
La escena final de esta pieza no está escrita. Pero la presidente ya dejó la puerta entreabierta. Si mañana un juez de Miami autoriza desbloquear fondos y México termina sirviendo de puente, el daño político será menor que el económico: un país que se jacta de autonomía habrá prestado su nombre para lavar dinero congelado por narcotráfico y violaciones a los derechos humanos. La ironía late: la no intervención, en la práctica, es la forma más refinada de injerencia.
