Siete arrestos en lakenheath: el miedo británico se disfraza de seguridad
Londres amaneció este domingo con la certeza de que la disidencia ya no cabe en sus calles. Siete personas —cinco hombres y dos mujeres— fueron arrancadas de su tienda de campaña frente a la base aérea de Lakenheath, acusadas de “apoyar” a Palestine Action, la organización que el Gobierno metió en el cajón de “grupo terrorista” en julio de 2024. La razón: un cartel que rezaba “Me opongo al genocidio” y la sospecha de que, en algún momento, alguien mencionara el nombre prohibido.
El avión derribado en irán que nadie quiere confirmar
La base de Suffolk, que alberga bombarderos estadounidenses desde la Guerra Fría, lleva días en el punto de mira: un F-15 habría salido de allí antes de ser abatido por Teherán el viernes. El Pentágono lo niega, Londres calla, pero la policía local actúa como si ya hubiera culpables. El “campamento por la paz” era una veintena de activistas con bolsas de dormir y una cafetera eléctrica. Ahora hay siete menos en la calle.
El modus operandi es rutinario: identificación, cacheo, furgoneta, comisaría. Lo que cambia es la acusación: “apoyo a organización proscrita”, un delito que puede traducirse en diez años de cárcel. Des que la Home Office criminalizó Palestine Action, más de 2.700 personas han pasado por esas mismas puertas giratorias, muchas con más de setenta años o movilidad reducida. El mensaje es claro: la edad no es escudo contra la disidencia.
Una prohibición que el tribunal cuestiona pero la policía cumple
En teoría, la ilegalización de Palestine Action está en entredicho. El pasado febrero, el Tribunal Superior dictaminó que la medida era “desproporcionada” y “políticamente motivada”. Pero el Ministerio del Interior apeló y, mientras tanto, el veto sigue vigente. Resultado: los agentes siguen arrestando, los fiscales siguen imputando y los jueces, a la espera de un recurso que podría tardar años, miran para otro lado.
El sábado, dos manifestantes más fueron esposados por bloquear la entrada de la base. Quedaron en libertad condicional, pero con la amenaza de una multa que supera el salario mensual de un trabajador medio británico. La escalada recuerda a los años ochenta, cuando Th usó la ley de “conspiración” para desmantelar los piquetes mineros. Solo que entonces los sindicatos contaban con una prensa que todavía se hacía la foto del golpe. Hoy, la mayoría de tabloides titula “Siete extremistas arrestados cerca de la RAF”.
El silencio, en Londres, es también una forma de censura. Mientras el Reino Unido debate si envía portaaviones al Mediterráneo, nadie pregunta por qué un Estado que vende armas a Israel por valor de 474 millones de libras anuales necesita convertir a sus propios ciudadanos en enemigos internos. La respuesta late en la esquina de cada base militar: si Palestina se cuela en la protesta contra Irán, el tablero se desmorona. Y eso, para un Ejecutivo que juega al póker con cuatro frentes abiertos, es intolerable.
Así que Lakenheath vuelve a la normalidad: vallas reforzadas, drones de vigilancia, carteles que advierten que fotografiar la entrada es delito. Detrás, los siete arrestados pasarán la noche en celdas de Suffolk. Mañana les tomarán declaración. Pasado, quizá, les larguen con cargos. Y el mundo seguirá mirando hacia Irán, mientras en Inglaterra la disidencia se convierte en delito de traición a la propia bandera.