Skale desenmascara el mercado negro de encuestas: 30 mil soles por diez días de gloria
Las urnas aún no abren y ya hay facturas por cobrar. A dos semanas de los comicios, el país descubre que la líder de Fuerza y Libertad, Fiorella Molinelli, recibió un WhatsApp que cobraba 30 000 soles cada diez días para sacarla del foso de «otros» y colocarla en la foto de los «viables». El mensaje no era un chantaje aislado: era el menú de precios de una estafa que lleva años maquillando el ánimo electoral del Perú.
La coima que empezó en 2010 y nunca terminó
El esquema no es nuevo. El abogado Horacio Cánepa, arrepentido de Odebrecht, contó al fiscal cómo en la municipalía de 2010 se pagaron 10 000 dólares a la encuestadora CPI para inflar a Lourdes Flores. La misma receta se repitió en 2011 y 2016 con Pedro Pablo Kuczynski y Alan García. La frontera entre el error estadístico y el delito contable se borró cuando el dueño de una firma pidió «parar los pagos» porque García ya no podía subir sin parecer una ficción: los sondeos le daban 7,6 %; el día de la votación se quedó en 5,83 %.
El daño no es solo aritmético. El Pedro Castillo de 2021 pasó de 3 % a 18,9 % en dieciséis días. La brecha no fue un «error de muestreo»: fue la señal de que alguien decidió que el maestro apareciera «muerto» hasta que ya no se pudiera ocultar su ascenso. La operación sirvió para desmovilizar votos útiles y para que los indecisos se aferraran a cualquier alternativa menos al fantasma que los medios presentaban como inviable.

El dinero público que se fugó hacia la ilusión
Mientras los privados pactaban en dólares, los partidos con bancada usaron el erario. Marisol Pérez Tello destapó que el Estado transfirió más de 35 millones de soles —originariamente destinados a «formar cuadros»— a empresas de sondeo. La ley lo permite: el dinero puede ir a «estudios de opinión». Traducción: el contribuyente financió la ventaja de quienes ya tenían ventaja. El círculo se cierra: más fondos públicos, más apariciones en televisión, más «subidita» en la encuesta, más fondos públicos.
Ipsos Perú intentó romper la rueda con un comunicado donde su presidente, Alfredo Torres, se desmarca de «chanchullos». Invoca el testimonio del propio Cánepa, quien lo menciona como alguien que «no se prestaba». El problema no es la honestidad de una firma; es que la deshonestidad de otras contamina el agua de todas. Cuando una encuesta miente, el resto parece mentir también. La desconfianza ya no es política: es un virus que infecta la percepción de la democracia entera.

El mercado que decide antes que el votante
La semana que viene millones de peruanos elegirán presidente sin saber si las cifras que vieron durante meses reflejan un país real o un país alquilado. Los 30 000 soles de Molinelli son la punta del iceberg: abajo flota un sistema que convierte la opinión pública en mercancía perecedera. La próxima vez que una encuesta ubique a un candidato en «empate técnico», convendrá preguntar cuánto costó el empate y quién pagó la factura. La respuesta ya no es estadística: es forense.
