Soldado escapa a marruecos tras un año de ausencias y falsas justificaciones médicas
Un militar del Ejército de Tierra ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de prisión por una fuga de más de un año, tras residir ilegalmente en Marruecos sin autorización y sin control de sus superiores. Un caso que expone grietas en el sistema de control y seguimiento de los efectivos en servicio activo.
La fuga y la desaparición: un enigma en nador
La sentencia, confirmada por el Supremo, impone además una suspensión de empleo y una inhabilitación para cargos públicos. El soldado, cuya identidad no ha sido revelada, había solicitado una baja médica tras un accidente de tráfico en Melilla, pero a partir de julio de ese año, abandonó el seguimiento médico y cualquier contacto con su unidad, generando una búsqueda infructuosa por teléfono y mediante burofax.
Lo que revelaba la situación era alarmante: el militar remitía informes médicos, redactados en francés y a través de WhatsApp, desde Marruecos, alegando un accidente no aportando documentación que respaldase su estado ni su justificación para abandonar el territorio nacional. La falta de comunicación, la ausencia de control y la posterior irregularidad en su reincorporación a sus funciones militares, generaron una situación compleja que culminó en su detención en diciembre de 2024.
Nador, Marruecos se convirtió en su refugio, un punto de partida para diversas entradas y salidas, incluyendo un viaje a Alemania, evidenciando una capacidad de movimiento que contrastaba con las limitaciones médicas que, según la defensa, debían justificar su situación.

El recurso fallido y la defensa psiquiátrica
La defensa intentó argumentar a través de un informe psiquiátrico del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, que el soldado sufría un trastorno adaptativo ansioso, pero la sentencia rechazó esta alegación, determinando que la responsabilidad penal del militar no podía ser atenuada por esta condición. El proceso judicial, iniciado en diciembre de 2025, culminó con la confirmación del fallo original en mayo de 2026, tras un recurso presentado por la defensa que no convence al Supremo.
La resolución judicial deja claro que la falta de comunicación y el incumplimiento de las obligaciones militares, sumado a la ausencia de justificación válida para su alejamiento del territorio nacional, son elementos irrefutables en la condena. Un caso que plantea serias interrogantes sobre la eficacia de los protocolos de control y la necesidad de una mayor coordinación entre las autoridades militares y las unidades sanitarias.
Las costas del recurso fueron declaradas de oficio. El soldado, finalmente, fue localizado en Nador, reforzando la imagen de un militar que, pese a aparentes limitaciones, logró superar cualquier barrera para mantener su clandestinidad. Un hecho que, sin duda, merece un análisis profundo y una revisión de las políticas de control interno del Ejército de Tierra.
