Suspenden órdenes de captura a 23 jefes criminales en plena campaña electoral
La Fiscalía dejó de perseguir a 23 capos del Valle de Aburrá por seis meses. El Gobierno lo vende como “gesto de paz”; la oposición, como compra de votos con sangre. Entre los beneficiados hay sicarios que ya están en la calle y otros que negocian desde la cárcel de Itagüí. La resolución 00072 salió el 27 de marzo, pero se supo hasta el lunes 31, cuando la Consejería de Paz confirmó que los nombres quedaron congelados en el sistema policial.
La medida tapa heridas que nunca cicatrizaron. Itagüí, antes fábrica de sicarios, hoy es laboratorio de un experimento que nadie firmó: convertir a los jefes de las EAOCAI —las siglas que el Estado usa para no decir “narcos”— en interlocutores válidos. El Gobierno asegura que la tasa de homicidios bajó un 34 % en la zona desde que empezaron los diálogos. Lo que no dice es que la extorsión a comerciantes subió un 28 % en el mismo período, según la Cámara de Comercio de Medellín.
El precio del silencio
Claudia López, candidata presidencial, ya prepara la demanda. “Les regalan impunidad a cambio de millones de votos en el antioqueño”, me dijo anoche mientras revisaba la lista de beneficiados. Entre ellos está Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, cabecilla del Clan del Golfo que ya salió del país “por motivos personales”, según el informe que le entregaron a la Consejería. Otro, Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica, fue visto el mes pasado en una finca de Panamá. La circular de la Fiscalía no especifica si podrán volver, pero tampoco les impide seguir operando.
El artífice legal es la Ley 2272 de 2022, el mismo invento que permitió convertir las “narco-mesas” en “espacios de conversación sociojurídica”. El truco está en el artículo 18: si un jefe armado aporta “hechos de paz”, la Fiscalía puede suspender la orden de captura sin pedirle permiso a nadie. El problema es que nadie define qué es un “hecho de paz”. ¿Entregar un arsenal? ¿Dar nombres de rivales? ¿O simplemente no matar durante un fin de semana?
Itagüí, la ciudad que no perdona
Mientras tanto, en el barrio La María, una mujer que vende empanadas me contó que los cobros por vacuna bajaron de 200 000 a 80 000 pesos. “Pero siguen cobrando”, dijo, y mostró un recibo escrito a mano con el logo de la empresa que ahora firma el pacto. El Estado no ve ese papel; solo ve las cifras de homicidios y se palmea el hombro. La oposición tampoco ve la cuota que paga la señora; solo ve la foto de El Montañero sonriente en el aeropuerto.
La resolución se puede prorrogar. Si el proceso sigue, en septiembre podrían quedar libres otros 40 capos que ya piden cupo en la mesa. La campaña termina en mayo. El país sabrá entonces si la paz se compra con votos o con cuentas de sangre que nadón quiere revisar.