Talgo se enfrenta al estado: el veto a la opa húngara desata la guerra judicial
La familia Oriol ha dicho basta. Pegaso —la sociedad que controla Talgo junto al fondo Trilantic— ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra el Gobierno por bloquear la OPA de Ganz Mavag, la empresa húngara que ofrecía 5 euros por acción. El veto, argumentado por «seguridad nacional» y sospechas de vínculos con Moscú, dejó a los accionistas con 75 céntimos menos por título y un sabor amargo en la boca.
El auto del supremo que nadie quería que vieras
El Tribunal Supremo, en un auto fechado el 10 de marzo, ha declarado secreta la demanda. La razón: contiene documentos clasificados por el Consejo de Ministros cuando rechazó la operación. La Abogacía del Estado no objetó el sello de confidencialidad, siempre que las partes accedan al expediente completo. Un círculo diplomático: se oculta el contenido, pero se garantiza que las víctimas del veto puedan leerlo.
Pegaso elevó la apuesta el 3 de febrero: pidió que los peritos que analicen la operación pudieran hojear el expediente reservado. La respuesta del Supremo fue tajante: «Aún no hemos admitido la prueba pericial, así que no hay prisa». Traducción: los técnicos se quedan fuera hasta que el Gobierno presente su defensa. El reloj, eso sí, sigue corriendo.
Cuando el kremlin se cuela en valdebebas
El veto no fue una boutade. El Ejecutivo detectó que Ganz Mavag, aunque formalmente privada, mantiene contratos millonarios con el ferrocarril ruso y su consejo incluye ex-asesores del ministerio de Transporte de Moscú. En la inteligencia española temían que, de consumarse la operación, los trenes Talgo —que transportan a los reyes y a los militares— acabasieran con software de mantenimiento controlado desde Budapest con teclas de origen ruso.
La factura política la pagan los Oriol. Tras el rechazo, vendieron su paquete al consorcio vasco liderado por Sidenor a 4,25 euros. Pérdida directa: 53 millones. Pérdida indirecta: el control de una compañía que fabrica los trenes más rápidos de Iberia. Ahora reclaman daños y perjuicios. La cifra habla por sí sola: 630 millones de euros, el equivalente al valor que Ganz Mavag hubiera aportado y que el Estado les impidió cobrar.
La demanda ya está en la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo. El Gobierno tiene dos meses para responder. Si pierde, abrirá la puerta a una oleada de pleitos similares: ACS, por el veto a Abertis; o Naturgy, por el bloqueo chino en sus renovables. El precedente se llama Talgo. El escenario, una España que empieza a temer que cada decisión estratégica termine en los tribunales. Y la moraleja: en geopolítica, el dinero nunca es solo dinero; es también el relato que contamos sobre quién manda en casa.