Un año después, la mina cerredo sigue cavando en la sombra
Cinco mineros muertos. Cuatro heridos que aún escuchan la explosión en sueños. Asturias lleva doce meses arrastrando la peor tragedia en una galería desde 1995, y la única certeza que flota entre Cangas del Narcea y el pozo que se tragó a los trabajadores es que alguien mintió para que el carbón saliera de la tierra sin papeles ni precauciones.
El carbonero clandestino que nadie quiso ver
El 31 de marzo de 2025 el grisú —ese gas que duerme en las vetas y despierta con un estallido— se desató en el túnel 2.300 m donde Blue Solving juraba que solo hacía “ensayos de investigación”. Las brigadas de rescate encontraron la jaula destrozada, las paredes chamuscadas y un silencio que olía a pólvora y a mentira. Los supervivientes contaron después que la ventilación era un tubo oxidado y un ventilador doméstico; que los detectores de metano llevaban meses sin calibrar; que la extrañaban cuando la capa de carbón brillaba bajo la luz casi como oro.
El Servicio de Minas del Principado cerró el expediente con una sola palabra: clandestina. La empresa carecía de autorización para sacar una sola tonelada de carbón. Lo que tenía era una colección de Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) que, según la documentación que ahora custodia el juez, se convertían en permisos de conveniencia para mantener la tahona viva. Desde 2022, cuando la mina reabrió tras cobrar ayudas europeas de cierre, hasta la explosión, salieron 48.000 t de antracita que nunca figuraron en los informes oficiales.

Los inspectores que no llegaron a tiempo
La consejera Belarmina Díaz dimitió once días después. Dijo que lo que vio en el interior “no se daba ni en el peor chamizo”. Luego se calló. Su salida fue la primera grieta en un muro que aún hoy protege a técnicos, políticos y directivos. La comisión parlamentaria ha citado a más de 70 personas; la mitad repite idéntica frase: “No sabíamos”. Lo que sí sabían es que la Dirección de Minas había enviado en 2024 un informe interno alertando de “ventilación insuficiente” y “ausencia de plan de emergencia”. El papel se quedó en un cajón.
El juzgado de Cangas investiga cinco homicidios por imprudencia y cuatro lesiones. Ha levantado el secreto de sumario, pero prorrogó la instrucción: faltan peritos que midan la concentración exacta de metano, faltan correos que alguien borró, falta la declaración del director de Minas que se niega a comparecer por “motivos de salud”. Mientras tanto, los familiares guardan en casa los cascos rotos y la sensación de que la culpa será cosa de “un fallo administrativo”.
El carbón que nadie quiere ya, pero que alguien sigue pagando
La mina cerredo fue declarada de interés para la transición energética. Recibió 2,3 millones de euros para sellar sus galerías y convertirlas en un museo del patrimonio minero. El dinero se gastó en maquinaria nueva y en un plan de viabilidad que nunca mencionó el carbón que seguía debajo. El PIC era el truco: investigar para cerrar, pero cerrar para seguir abriendo. Una circular de la Unión Europea prohíbe desde 2023 cualquier extracción sin contrato de suminero térmico; Asturias la esquivó con un simple cambio de destino en la casilla “uso final”.
El último informe encargado a la Inspección General de Servicios aún no se ha hecho público. Fuentes que lo han manejado adelantan que detecta “negligencia grave” y recomienda abrir expedientes a tres altos cargos. El problema: los nombres están tachados con corrector líquido. Alguien dentro de la administración prefiere que el agujero siga siendo negro.
En el barrio La Barraca de Cangas, a cinco kilómetros del pozo, los mineros jubilados juegan a las cartas bajo la lluvia. Hablan poco. Solo cuando el café huele a pólvora, uno susurra: “Ese carbón era nuestro futuro, pero nos lo quitaron para vendérselo a quien no sabía cavar”. La frota se queda colgando como un rezo sin respuesta. La investigación seguirá abierta hasta que la última tonelada de vergüenza salga a la luz. O hasta que otra explosión vuelva a llenar de humo la memoria colectiva de una comarca que ya no cree en los informes ni en los silencios pagados.
