Un disparo en la cabeza en plena clase: santa fe rompe 22 años sin muertes en escuelas
El crujido de la suela contra el pizarrón fue el primer aviso. Después vino el estruendo seco, tan breve que algunos alumnos pensaron que era un petardo. No lo era. Un chico de 13 años acababa de matar a su compañero dentro del aula 4° grado “B” de la Escuela N°40 Mariano Moreno, en San Cristóbal, Santa Fe. En once segundos se desmoronó la excepción argentina: desde la masacre de Carmen de Patagones en 2004 el país contabilizaba heridos, amenazas, armas secuestradas, pero ningún cadáver en un pasillo escolar.
La huella que nadie quería pisar
La víctima, también de 13 años, recibió un balazo en la cabeza. Murió antes de que llegara la ambulancia. El agresor usó el arma reglamentaria de su padre, sargento del Ejército. No hubo amenazas previas, ni videollamación macabra, ni cuadernos de insultos: solo un chico que se levantó, caminó hasta la mochila, sacó la pistola Bersa Thunder 9 milímetros y apretó el gatillo. La docente intentó tomar la mano del tirador; una compañera se tiró bajo el banco. El proyectil dio en la sien izquierda de Lucas Moyano, nombre que esta tarde se convirtió en trending topic y en el primer parte oficial de la ministra de Seguridad santafesina, Claudia Jaramillo.
El protocolo de emergencia funcionó después, no antes. La directora Sonia Benítez pulsó el botón antipánico a los 42 segundos, pero la policía tardó seis minutos en ingresar. Para entonces, el autor ya había sido reducido por un preceptor de 1,85 m que lo inmovilizó contra la pared de ciencias naturales. El arma quedó cargada, con ocho balas en el cargador y una en la recámara. “Pensé que era un simulacro”, dijo Benítez mientras los padres golpeaban la reja y gritaban “¡Hijos, no!”.
La lista que nadie quería alargar
Argentina había logrado, por accidente o por políticas públicas, mantenerse fuera del mapa mundial de tiroteos escolares letales. El último había sido en 2004, cuando Rafael Solich ingresó a la Escuela Islas Malvinas de Carmen de Patagones con la pistola de su padre, prefecto naval, y mató a tres compañeros. Antes, en 1997, un adolescente de Burzaco disparó y mató a Cristian Fernández; en 2000, Javier “Pantriste” Romero dejó un muerto en la puerta de la EEM N°9 de Rafael Calzada. Tres hitos que la socióloga Romina Nesis define como “eventos aislados pero no azarosos”: todos los autores tenían armas de sus progenitores, todos denunciaron bullying, todos quedaron bajo la categoría legal de inimputables.
El caso de hoy rompe la racha y abre una grieta legal: el nuevo Código Penal, vigente desde 2022, permite juzgar a menores de 14 años si se demuestra discernimiento. El fiscal Jorge Nessier ya pidió pericias psicológicas y un informe socioambiental del barrio 1° de Mayo donde vive el sospechoso. “Vamos a evaluar si hay imputabilidad”, dijo a El Litoral. La frase suena a advertencia: por primera vez en la historia argentina, un niño podría sentarse en el banquado por un crimen escolar.
El arma que volvió a casa
El padre del tirador, identificado como suboficial mayor Aldo G., declaró esta tarde que la pistola estaba “guardada y desarmada” en un placard de su dormitorio. Sin embargo, los peritos encontraron rastros de pólvara en la ropa interior del nene: llevaba el arma en la cintura, con un cargador extra en el bolsillo trasero del jean. El arma es del calibre 9 mm, la misma que usó Solich en 2004. “Una coincidencia que espanta”, dijo Marisa Giménez, madre de una alumna que vio morir a Lucas. La línea 137 de la Secretaría de Desarme recibió 42 llamadas de vecinos pidiendo que se revisen las armas de los uniformados que viven cerca de la escuela. La ministra Jaramillo no descarta una auditoría sorpresa a los arsenales personales de las fuerzas.
En la puerta del colegio, una vecina colgó un cartón con letra de marcador: “Fuimos la excepción, hasta que no lo fuimos”. La frase resume el duelo colectivo: Argentina ya no puede vender la imagen de país seguro para los chicos. La cifra habla por sí sola: en 22 años, cuatro alumnos asesinados dentro o en la puerta de sus escuelas, todos con armas de sus propios padres. El próximo parte médico dirá si el agresor de hoy ingresa al penal de menores de Las Flores o a un instituto psiquiátrico. Mientras tanto, las clases quedaron suspendidas “hasta nuevo aviso” y los padres negocian con la directora cómo despedir a Lucas sin volver a cruzar la puerta del aula 4°B.