Un preso en coma tóxico desata una revuelta en sevilla ii y deja a varios funcionarios heridos
El Centro Penitenciario Sevilla II volvió a arder este sábado por dentro. Un interno, tendido en el suelo y en estado de semiinconsciencia, despertó de pronto como una fiera. La enfermería se convirtió en ring: puñetazos, mordiscos, gritos. Cuando la policía penitenciaria logró reducirlo, varios trabajadores ya sangraban. El síndrome clásico: droga de diseño, papel impregnado, crisis química.
ACAIP, el sindicato que agrupa a los funcionarios andaluces, no llama al suceso «incidente». Lo llama detonador. El comunicado que publicaron este domingo rezuma hastío: «No es un hecho aislado; es el reflejo de un sistema penitenciario desbordado». La frase suena a epitafio.
El negocio del papel que viaja dentro de un sobre
La cárcel se alimenta de cartas. Cartas que traen cannabis sintético micro-impregnado en hojas de estraza. Un papelito que, quemado y aspirado, dispara brotes psicóticos. Los escáneres de rayos X no lo detectan; los perros lo confunden con celofán. El resultado: reclusos que pasan de la euforia a la agresión en segundos, y un personal que carece de protocolo químico.
En lo que va de año, ACAIP ha contabilizado 23 agresiones graves en los dos centros penitenciarios sevillanos. La cifra habla por sí sola: cada mes, un funcionario termina en urgencias. La mitad de las bajas no se reconoce como accidente laboral porque, oficialmente, «no portaban arma ni uniforme exterior». Es decir: no figuran como agentes de la autoridad. Traducción: el agresor se lleva una falta de lesiones; el agredido, una baja laboral sin indemnización.
En sevilla ii hay una plaza médica vacía desde hace 14 meses
El turno de noche se arregla con un solo facultativo para 1.300 internos. Cuando el preso del sábado colapsó, el médico llevaba 22 horas seguidas de guardia. «No es falta de voluntad; es falta de cuerpos», dice un trabajador que prefiere el anonimato. El Ministerio de Interior prometió en 2022 un refuerzo de 30 plazas para Andalucía. Solo ha cubierto 7.
La solución, según ACAIP, pasa por convertir a los funcionarios en agente de la autoridad penal. Eso blindaría la agravante de «atentado» y disuadiría. Pero el proyecto de ley lleva dos años empantanado entre los despachos de la calle Alcalá. Mientras tanto, los papeles drogados siguen entrando y los puñetazos siguen saliendo.
El domingo, cuando los heridos regresaron a sus casas con puntadas de sutura y recetas de ansiolíticos, los sindicalistas redactaron una nueva carta. Esta vez no va dentro de un sobre. Va directa al Congreso. Y no huele a cannabis: huele a desesperación.