Una flotilla de 30 taxis, dos crímenes y un dueño que juraba no saber nada
Fredy Alexánder Ayala Santamaría alquila carros como quien reparte tarjetas de presentación: 30 taxis, más de 800 millones invertidos, cero control. Dos de esos vehículos aparecieron en escenas de un asesinato y un secuestro en Bogotá. Él dice que fue mala suerte.
El negocio que se desmorona con cada noticia
El 28 de enero, el profesor Neil Cubides subió a un taxi amarillo y nunca llegó a clase. El 14 de febrero, Diana Ospina fue arrastrada a bordo de otro. Ambos coches tienen el mismo dueño: Ayala, estudiante de derecho de 29 años que asegura pasar más tiempo en tribunales como pasante que en la calle como empresario.
La Fiscalía ya no se lo cree. Imputó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, alias Pablito y Pachanga, por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado. Pablito conducía uno de los taxis; Pachanga golpeó a Ospina. Ahora investiga a una mujer cercana a Ayala, titular del segundo vehículo. El dueño, sin embargo, sigue sin ser citado.
Ayala se defiende con la misma frase: «No sabemos para qué usan los carros». Contratos en mano, flota a nombre de su padre, estudios de día y noches en la oficina judicial. El mecanismo es simple: entregas el taxi por días o semanas, cobras el arriendo y te lavas las manos. Hasta que llega el parte de homicidio.
El precio de mirar hacia otro lado
Cada taxi usado cuesta entre 30 y 50 millones de pesos; suma la licencia, el cupo, el SOAT y estás cerca de 25 millones más. Multiplica por 30 y tienes una fortuna rodando sin GPS ni control de rutas. «Mi papá lleva la operación», dice Ayala, como si la delegación fuera escudo legal.
Bogotá tiene 45 000 taxis. Nadie revisa quién los arrienda, ni por cuánto, ni para qué. El gremio exige papeles al conductor del volante, pero no al de la empresa. Así nació la brecha: un estudiante puede ser dueño de una flotilla y desconocer que su parqueadero sirve de base para un secuestro.
La Fiscalía no ha pedido suspender la flota. Los vehículos siguen rodando. Mientras tanto, la familia Cubides pide justicia y Diana Ospina recupera el miedo cada vez que ve un amarillo. Ayala, sin antecedentes, conserva su inversión y su versión: él solo «da trabajo». El problema es que ese trabajo ahora incluye dos ataútres y un cuerpo marcado.
La ciudad revisará si el arriendo de taxis es un negocio libre de riesgo o una bomba de relojería. La respuesta late en la estadística: en los últimos 18 meses, 47 vehículos de alquiler aparecieron en expedientes por secuestro o homicidio. Solo en 12 casos se investigó al propietario. Ayala no está solo; es la punta del iceberg que ya sangra.