Una guardia civil denuncia violaciones en cuartel y el protocolo la traicionó
Carolina llevó cuatro años siendo violada por su sargento dentro del cuartel de Molina de Segura. El alto mando tenía llave de su piso, acceso a su turno y hasta poder sobre su útero: la embarazó y la obligó a abortar. El sistema que debía protegerla exigía que denunciara al agresor… ante el agresor.
La sentencia del Tribunal Supremo —19 años de cárcel— se hizo pública el 29 de mayo de 2024, pero el daño ya era irreversible. Carolina había tocado fondo, internada en un centro psiquiátrico mientras su verdugo seguía de servicio. La historia no es solo la de una violación: es la radiografía de una institución que premia el silencio y castiga la solidaridad.
El protocolo que nunca se activó
La Guardia Civil presume de cero tolerancia con el acoso. En la práctica, la guardia que sufre abusos debe informar al primer superior disponible… que suele ser el amigo del agresor. «Son perversos», resume Laura Pérez Botella, la abogada que sacó el caso ante la justicia militar tras años de ostracismo. El procedimiento no se dispara solo; la víctima tiene que firmar primero. «Y si tu jefe decide que tu calvario no es “relevante”, se queda en nada», añade.
Carolina lo intentó. En 2013 una teniente la encontró llorando en el despacho y la llevó a la Policía Judicial. Resultado: expediente disciplinario a la teniente y archivo de la investigación. Otro compañero que reportó el acoso laboral recibió castigo por «faltar al respeto a la jerarquía». El sargento, mientras tanto, cambiaba los turnos de Carolina para coincidir con ella, la arrastraba a descampados y le dejaba pañuelos con semen sobre la mesa como trofeo.
Aborto bajo amenaza
El embarazo fue la peor de las sentencias. En julio de 2012, cuando descubrió que llevaba cinco semanas, él la empujó contra la pared de su cocina: «No me vas a joder la vida». Le propinó puñetazos en el estómago y la amenazó con «accidentes» en la escalera. Carolina abortó, se tomó un día de vacaciones y regresó al cuartel como si nada. El sargento, casado y padre de dos hijas, seguía mandando.
La violencia no era solo física: el acusado llegó al juicio con el cuento de que «a ella le gustaba follar». Presentó un correo impreso que nadie pudo localizar en servidores y trajo al estrado a un teniente que juró haberla tenido también. La estrategia de defensa: convertirla en una zorra sedienta para justificar el acceso ilimitado a su cuerpo. El tribunal no compró la farsa.
19 Años que no cierran la brecha
La condena es la más dura jamás impuesta a un militar por abuso sexual interno, pero Carolina no volverá a ser la misma. La Guardia Civil le ha concedido la baja permanente; el agresor, tras pasar un mes apartado, siguió cobrando hasta que la sentencia se hizo firme. «Que estos 19 años sirvan para que los que miran al otro lado sepan que su silencio huele a complicidad», sentencia ella. La cifra habla por sí sola: cada dos horas se registra una violación en España y 2023 batió récord de delitos contra la libertad sexual. Dentro de los cuarteles, el reloj corre más lento… y la justicia, aún más.