Una jurista gallega toma el timón de la transparencia en españa
Concepción Campos se sienta este martes en la silla que controla si el Estado miente. La jurista viguesa, hasta ahora al frente de la asociación que agrupa a miles de funcionarias, asume la presidencia del Consejo de la Transparencia y el Buen Gobierno con un mandato de cinco años y una tarea poco glamurosa: vigilar que los políticos no oculten lo que la ley obliga a mostrar.
De la lucha de las funcionarias al ojo que todo lo ve
Campos llega tras un viaje parlamentario que empezó el 24 de febrero, cuando el Consejo de Ministros la propuso, y que terminó la semana pasada con el visto bueno del Congreso. El PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG la respaldaron; el PP se abstuvo; Vox votó en contra. El mensaje fue claro: la nueva presidenta cuenta con el respaldo de la mayoría progresista, pero la derecha no la considera una aliada.
La gallega, doctora en Derecho y codirectora de la Cátedra de Buen Gobierno Local de la Universidad de Vigo, no es una improvisada. Ha pasado años estudiando cómo se construye un Estado que no esconda los papeles. Ahora toca aplicar la teoría. Su predecesor, José Luis Rodríguez Álvarez, deja un legacy concreto: un Estatuto aprobado en 2024 que blinda al organismo como autoridad administrativa independiente. Es decir, que no depende del Gobierno de turno. O eso dice la ley.
El consejo que naden quiere ver
El Consejo de Transparencia nació en 2013, en plena crisis, como una promesa de que España dejaría de ser el país donde los expedientes desaparecen en cajas de cartón. Desde entonces, Esther Arizmendi y Francisco Javier Amorós pasaron por la presidencia. Ambos dejaron datos: miles de resoluciones, decenas de recomendaciones y un montón de informes que pocos leen. La institución vive de las multas que impone a los ayuntamientos que no publican sus presupuestos y de los recurso que presentan los ciudadanos cuando una administración se niega a entregar un documento. Funciona, pero en silencio.
Campos hereda una maquinaria que apenas tiene dientes. Puede multar, sí, pero no puede destituir. Puede investigar, pero no puede obligar a que un alcalde dimita por ocultar una factura. Su poder real reside en el daño reputacional: publicar que un ministerio se niega a entregar datos sobre contratos públicos. En la era de la desinformación, eso puede ser una bomba de relojería.
La poltrona que nadie codicia
Mientras Campos se instala en su nuevo despacho, Carmen Seisdedos, pedagoga de formación, asume la presidencia de la asociación que deja libre la jurista. El cambio es una fotografía perfecta de la España que no sale en los telediarios: mujeres que relevan a mujeres en cargos que no dan premios, pero que sostienen el Estado. Seisdedos tendrá que lidiar con la precariedad de las funcionarias, los sueldos congelados y la eterna promesa de una carrera profesional que no dependa del color del gobierno.
El mandato de Campos no es renovable. Dentro de cinco años, otra persona ocupará su lugar. La transparencia, en teoría, debería haberse vuelto un hábito para entonces. La realidad suele demostrar lo contrario. Mientras tanto, la jurista gallega tiene la llave de un archivo que muchos preferirían que nunca se abriera. El reloj empieza ahora.