Venezuela le cierra la puerta a la oea en plena crisis institucional
El canciller venezolano Yván Gil no tardó ni un día en responder. Apenas el secretario general de la OEA, el surinamés Albert Ramdin, publicó en X su llamado a garantizar transparencia en la elección del fiscal general y el defensor del pueblo, Caracas activó su reflejo habitual: la soberanía como escudo, la autodeterminación como argumento, y una sola palabra estampada sobre la captura de pantalla del mensaje de Ramdin: «desatinado».
Un organismo sin credenciales, según caracas
Gil fue explícito. Venezuela no forma parte de la OEA desde que se retiró formalmente en 2019, y por eso, a su juicio, resulta «profundamente disonante» que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos internos. También aprovechó para meter el dedo en la llaga: comparó a Ramdin con su antecesor, el uruguayo Luis Almagro, figura que en Caracas funciona como sinónimo de injerencia. El mensaje fue tan calculado como el timing de su publicación.
Lo que Ramdin pidió, en realidad, no era gran cosa en términos formales: que los procesos de designación cumplieran con «estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana». Nada que un sistema democrático ordinario no garantice por defecto. Pero en Venezuela, hasta eso se convierte en terreno de disputa.
El proceso que nadie termina de ver claro
Detrás del cruce diplomático hay un proceso concreto que once organizaciones no gubernamentales venezolanas ya denunciaron antes de que la OEA abriera la boca. Su queja apunta a la «ausencia de reglas claras y públicas»: no hay reglamento publicado, no hay cronograma oficial, no hay baremo que explique cómo se evaluarán las credenciales de los candidatos. El Parlamento, controlado por el chavismo, recibió hasta el viernes 78 postulaciones para la Defensoría del Pueblo y 76 para la Fiscalía General, incluyendo una prórroga de 48 horas que venció el jueves.
Entre los nombres que llaman la atención figura el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien sí se inscribió para la Defensoría. Su hermano, en cambio, se retiró del proceso tras haberlo iniciado. Un giro que no pasó desapercibido.
El origen de todo: dos dimisiones en febrero
Este proceso arrancó después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, fiscal general y defensor del pueblo respectivamente, ambos con décadas de lealtad al chavismo, presentaran su renuncia en febrero. Fue una movida que sorprendió por su simultaneidad. Y ocurrió justo cuando el gobierno aprobaba una ley de amnistía que, en teoría, permitiría liberar a presos políticos detenidos desde 1999, aunque la norma solo contempla 13 «hechos» distribuidos en 13 años. Los detalles, como siempre, están en la letra pequeña.
La paradoja es densa: Venezuela rechaza que la OEA opine sobre sus instituciones mientras esas mismas instituciones se renuevan en un proceso que sus propias ONG describen como opaco. Caracas llama a eso soberanía. Otros lo llaman otra cosa.