Venezuela recupera sus embajadas en ee uu y desata la carrera por los pasaportes
La bandera tricolor ondeó de nuevo este sábado en la antigua residencia del embajador venezolano en Washington. Félix Plasencia, hombre de confianza de Delcy Rodríguez, giró la llave, cruzó el umbral y anunció: «Estamos de vuelta». En menos de un minuto, el vídeo colgado en X se convirtió en el momento más compartido de la diáspora venezolana: 900 000 personas en EE UU que llevan años pagando 200 dólares por un pasaporte en consulados terceros.
La mudanza que nadie vio venir
El edificio de la 1099 30th Street NW luce el mismo parquet de caoba de 2017, pero el aire huele a pintura fresca. Plasencia camina entre cajas de expedientes todavía selladas con cinta dorada del «gobierno interino» de Juan Guaidó. «Recuperamos lo que siempre fue nuestro», dice mientras señala un retrato de Bolívar que estuvo nueve meses guardado en un sótano de Maryland. Lo que no dice es que el traspaso fue un fait accompli: el Departamento de Estado aún no ha firmado la orden formal y, en el apartado 2201 del código de EE UU, los bienes siguen bajo custodia federal.
La jugada llega tres días después de que la licencia 42A del Tesoro —esa que los abogados de Derwick llaman «la valija diplomática»— autorizara a Venezuela a operar cuentas bancarias en suelo norteamericano sin incurrir en sanciones. Un funcionario del Bureau of Western Hemisphere Affairs, que pidió no ser citado, resume la escena: «Nosotros abrimos la puerta, ellos entraron con su propia cerradura».
El pasaporte como moneda de cambio
En la cola de la Iglesia de San Juan Bosco, en Doral, Florida, Yubirika Peña lleva 14 horas sentada sobre un cartón de Amazon. «Me dijeron que esta semana llegan 25 000 libretas», susurra. La estampida empezó el jueves, cuando los grupos de WhatsApp alertaron de que el consulado de Houston ya recibía solicitudes. La cifra es brutal: cada pasaporte significa 80 dólares en tasas, 50 de fotografía y 120 de envío exprés. Multiplíquelo por la diáspora y obtiene un negocio de 90 millones de dólares en efectivo líquido para Caracas.
Pero hay un detalle que nadie firma: la licencia del Tesoro vence el 15 de diciembre y puede ser revocada con 30 días de preaviso. Es decir, el mismo mecanismo que permitió la reapertura puede cerrarla de golpe si Trump decide retomar la retórica de «maximum pressure». De momento, la Casa Blanca calla. La única pista es un email filtrado a Politico donde un asesor de Marco Rubio advierte: «No regalemos la embajada sin obtener algo más que promesas de elecciones».
El nuevo tablero de caracas-washington
Mientras tanto, en la avenida Francisco de Miranda, la sede de la embajada de EE UU en Caracas recuperó el 60 % de su personal. Laura Dogu, la encargada de negocios que llegó en enero con una mochila llena de memorándums, cenó la semana pasada con Jorge Rodríguez. En la mesa solo hubieron dos temas: los bonos petroleros de 2027 y la lista de 40 exiliados a los que Washington quiere sacar del limbo legal. Rodríguez, dicen los presentes, se mostró dispuesto a «colaborar en la selección». Traducción: visas a cambio de reconocimiento diplomático.
La partida no es baladí. Citgo, la joya de la corona venezolana en EE UU, factura 33 000 millones anuales y tiene juicios por 8 000 millones pendientes en tribunales de Delaware. Cada gesto de Plasencia en Washington puede ser usado como prueba de control efectivo por los acreedores. Por eso, el propio Plasencia evita pronunciar la palabra «embajador». Prefiere «representante administrativo», un eufemismo que le permite navegar entre la espada de la justicia y la pared de la diplomacia.
La ironía es que, mientras Caracas celebra su «retorno», en Valencia un obrero limpia el polvo de la antigua máquina de imprimir pasaportes que funcionó hasta 2018. La misma que ahora necesitarían para atender la demanda que despiertan desde Queens hasta Salt Lake City. La historia, en su bucle habitual, les devuelve la misma pregunta: ¿tendrán tinta suficiente para firmar el futuro que prometen?
La respuesta llegará en forma de cola: si mañana amanecen 5 000 personas en la calle, Venezuela habrá logrado lo que ninguna resolución logró en seis años —convertir el pasaporte en el último acto de fe colectiva de una nación que emigró sin despedirse.